El secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados y los dos dirigentes del partido en Las Rozas que el pasado martes declararon ante la policía por los insultos e intento de agresión al ministro José Bono presentaron ayer una denuncia "por detención ilegal, prevaricación y delito contra las libertades públicas". La denuncia se dirige contra los policías que han investigado los hechos, pero Granados precisó que el objetivo es aclarar quién ordenó "la detención" y "en base a qué criterios".

Según Granados, "la detención de estas personas es absolutamente injustificada y cuando menos, irregular, porque no está basada en ningún delito". El secretario del PP y consejero de la Presidencia del Gobierno de Madrid recordó que "los miembros de la cápsula de seguridad del ministro Bono han declarado que la agresión no se produjo". En su opinión, el hecho de que a los dos militantes que aparecen en las fotos, Isidoro Barrios y María Antonia Cruz, les leyeran sus derechos y el primero fuera conducido en un coche policial avala la consideración de "detenidos". Pero ambos firmaron sendos documentos en los que señalan que comparecían voluntariamente. Sobre la consideración de "imputados" que les atribuyó la Delegación del Gobierno, Granados no descartó una querella contra el delegado, Constantino Méndez.

"DERECHA EXTREMA" El líder del PP, Mariano Rajoy, dijo ayer que la "detención ilegal" de los dos militantes es "una acción ilegal e impropia de una democracia civilizada", informa Julia Camacho. Rajoy dijo que pedirá "explicaciones" en el Congreso al ministro del Interior, José Antonio Alonso, sin descartar su cese. Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, recomendó al PP que evite que "la derecha extrema" marque su estrategia y pidió al secretario general del PP, Angel Acebes, que no jalee "los instintos radicales" dentro del PP.