Parece más que evidente que las medidas excepcionales, como el estado de alarma decretado por el Gobierno el 4 de diciembre para poner freno al chantaje de los controladores aéreos, y prorrogado ayer con el respaldo de la mayoría del Congreso, no pueden convertirse en un recurso habitual. Como su propio nombre indica, solo deben aplicarse en situaciones de extraordinaria gravedad, y convendría que el propio Ejecutivo insistiera en ello para cumplir, de paso, con su obligación de hacer pedagogía democrática.

No vaya a ser que a los gobiernos les acabe por resultar una manera cómoda de resolver los problemas y a los ciudadanos les termine por parecer de lo más natural, siempre y cuando con ello se garantice que su vida transcurre sin incidentes. Porque así, pasito a pasito, se puede llegar a la conclusión --a la que tan proclives pueden ser las masas en momentos críticos-- de que, para afrontar las situaciones complicadas, no hay nada mejor que las medidas de fuerza.

Dicho esto, también es evidente que el día 4 el Gobierno no tenía muchas más salidas. Entre otras razones porque ya la noche anterior había enviado a los militares a las torres de control y los controladores seguían sin trabajar, afectados por esa epidemia de crisis de ansiedad que les llevó a abandonar sus puestos de trabajo y que se superó --en un pispás, por cierto-- con el decreto de estado de alarma, que actuó como un potente ansiolítico de efecto inmediato.

Entonces el PP apoyó la medida, no sin cierta reticencia, pero evitando ponerse en contra de algo que los ciudadanos habían aplaudido. Ahora que la situación parece estabilizada --que no resuelta-- y el Gobierno teme un nuevo sabotaje de los controladores aprovechando las fiestas navideñas, los populares han preferido volver a su tradicional estrategia: dejar a José Luis Rodríguez Zapatero a la intemperie, a ver si así se va desgastando aún más su popularidad y, de paso, aceleran su relevo en la Moncloa --por Mariano Rajoy, claro está--. Su actitud no parece muy responsable ante un conflicto en cuyo origen también los gobiernos del PP tienen su cuota de culpa. Y menos si el argumento para abstenerse y no respaldar la prórroga es la "incompetencia" del Ejecutivo por no resolver en 13 días de estado de alarma un asunto que lleva décadas coleando.

Menos mal que Zapatero tiene el apoyo de los grupos nacionalistas --CiU, PNV y CC-- para prorrogar la alarma o afrontar las medidas anticrisis. Unos partidos que demuestran más sentido de Estado que el PP, que parece tener más prisa por llegar al poder que por ayudar a resolver los problemas. Eso sí, el Gobierno no puede dormirse en los laureles de la alarma, y debe arreglar de una vez por todas el conflicto con los controladores. Y pronto, porque no es fácil que se le concedan más prórrogas.