La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, no solo ha eludido respaldar esta mañana a la comunidad murciana, gobernada por su partido, que ha llamado al desacato ante la ley del aborto que acaba de entrar en vigor, sino que también le ha recordado que esta, pese a estar pendiente de un recurso interpuesto por los populares ante el Tribunal Constitucional (TC), "está en vigor" (desde el pasado lunes) y, por tanto, "es aplicable".

Sus palabras suponen una toma de distancia frente a lo que ayer sostuvo el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, quien dijo que no había "razones para acatar la ley, puesto que todavía no está en su punto y final".

La tesis de Sáenz de Santamaría, bastante incómoda ante las continuas preguntas sobre esta cuestión, es que, independientemente del recurso ante el TC, hay que cumplir una ley vigente. Eso sí, la popular pidió al TC que "resuelva cuanto antes".

El portavoz de CiU en el Congreso, un Josep Antoni Duran Lleida que también se ha mostrado en contra de la nueva ley de interrupción del embarazo por la que se pasa de un sistema de supuestos a uno de plazos, se ha expresado esta mañana en el mismo sentido. "Creo que [la norma] es inconstitucional, pero el hecho de que esté pendiente de sentencia del TC no implica que la ley no deba cumplirse. Yo creo que las leyes hay que cumplirlas", ha dicho en Onda Cero.

Mucho más beligerantes han sido los portavoces de las formaciones de izquierda. Para el del PSOE, José Antonio Alonso, "el PP se está rebelando contra una ley del Estado". Para el de ERC, Joan Ridao, los populares pretenden volver en este asunto a los tiempos del régimen franquista, cuando las mujeres españolas se veían obligadas a "emigrar" para interrumpir su embarazo. Y para el de IU, Gaspar Llamazares, "el derecho de recurso no supone un derecho de veto; la ley es la ley y hay que cumplirla".

ALEGACIONES DE LA ABOGACÍA DEL ESTADO

Por su parte, la Abogacia del Estado se opone a la suspensión de la ley del aborto como ha pedido el PP en el recurso que ha interpuesto contra esta norma, informa Margarita Batallas.

En el escrito presentado esta mañana, la Abogacía invoca la doctrina del Tribunal Constitucional en el sentido de que en los recursos de inconstitucionalidad no se pueden suspender las leyes estatales porque han sido aprobadas por las Cortes generales y refrendadas por el Rey. Asegura que "tiene poco rigor sostener los contrario" ---que las leyes estatales pueden ser suspendidas-- y que ese planteamiento "conduciría al asbsurdo".

Finalmente, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) ha considerado hoy "lamentables y una barbaridadïdad" las manifestaciones del presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, sobre la "falta de motivos" para aplicar la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva hasta que el Tribunal Constitucional resuelva los recursos presentados contra ella.

La vicepresidenta de ACAI, Francisca García, ha denunciado que esta actitud supone negar a las mujeres "el derecho a decidir sobre algo tan importante como su propia maternidad". "Todas las personas estamos obligadas a cumplir la ley", ha subrayado, aunque se trate de "un político o de un presidente autonómico". Por tanto, ha concluido que el anuncio de Valcárcel "es un exceso" y que "se ha extralimitado en su poder".