El PP y su tesorera, Carmen Navarro, han solicitado a la jueza instructora de la causa por el borrado de los ordenadores del extesorero popular Luis Bárcenas, Rosa María Freire, que tenga en cuenta la denominada doctrina Botín para evitar sentarse en el banquillo de los acusados por los delitos de daños informáticos y encubrimiento por la eliminación del contenido de dichos discos duros.

El PP recuerda en un escrito la sentencia del Tribunal Supremo que en su día benefició al banquero fallecido que da nombre a la mencionada doctrina y subraya que si ni la fiscalía ni la acusación particular -en este caso, Bárcenas- ejercen acciones contra los acusados, las responsabilidades deben archivarse.

Se da la circunstancia de que el extesorero se retiró del procedimiento en septiembre del 2017 y que el ministerio público ha solicitado el sobreseimiento y archivo de la causa en reiteradas ocasiones por entender que los hechos investigados no revisten relevancia penal.

En este sentido, la defensa de Navarro y del partido destaca que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, «resulta evidente» que, si el «supuesto perjudicado por el delito no tiene interés en continuar el proceso penal», y la Fiscalía de Madrid tampoco demuestra esa voluntad, «no es posible mantener la causa abierta solo a instancias de las acusaciones populares».

El escrito llega justo después de que el 15 de noviembre la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid confirmarse el procesamiento del PP, la tesorera, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que Bárcenas empleaba en la sede del partido en la calle de Génova de Madrid. Es la primera vez que una formación política se sentará en el banquillo de los acusados como persona jurídica.

Los magistrados creen que hay indicios suficientes para considerar que los acusados han cometido presuntamente los delitos de daños informáticos y encubrimiento, dando la razón a la jueza instructora, que el 26 de julio del 2016 dictó un auto en el que concluyó la instrucción y afirmó que los documentos de Bárcenas fueron eliminados «a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física».

Ahora, tanto el Partido Popular (PP) como la tesorera pretenden que no se llegue a dictar la apertura de juicio oral y no tengan, en consecuencia, que sentarse en el banquillo de los acusados. Es más, en el escrito presentado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid recalcan que por los motivos antes expresados «no es posible continuar la investigación» por los delitos de daños informáticos y que, por tanto, es imposible poder seguir investigando el delito de encubrimiento por la «estrecha relación que existe entre ambos».

Asimismo, recuerda que el Partido Popular, como persona jurídica, solo puede ser investigado por la presunta comisión de un delito de daños informáticos, para el que también pide el archivo de responsabilidades.