G uerra abierta, en toda regla. El PP deja a un lado las críticas al plan del Gobierno acordado con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para usar el superávit de los ayuntamiento y pasa al ataque. Los alcaldes conservadores comenzaron ayer a movilizarse contra la medida que el Ejecutivo aprobó el pasado martes en el Consejo de Ministros y amenazaron con no ceder sus remanentes al Estado. Antonio González Terol, vicesecretario Territorial de los populares, fue el encargado de poner sobre aviso a Pedro Sánchez sobre la férrea oposición que encontrará en los regidores del PP: «Los ayuntamientos gobernados por el PP no ingresarán su dinero, el ahorro de sus vecinos, para financiar la hoja de ruta socialista de este Gobierno».

«Latrocinio, usurpación y robo». De esta forma calificó González Terol la medida que permitirá, de manera voluntaria, a los consistorios ceder su superávit –estimado en unos 15.000 millones de euros– al Estado a cambio de recibir, por parte de Hacienda, un máximo de 2.000 millones en el 2020 y 3.000 millones en el 2021. Después, a partir del 2022, el Estado empezará a devolver el importe íntegro del préstamo más intereses en un plazo de 10 años. Una propuesta que solo recibió el visto bueno de los socialistas en la FEMP y que salió adelante gracias al voto de calidad del presidente de la institución, el socialista Abel Caballero, que desempató la elección –12 síes del PSOE ante 10 noes del PP, uno de Cs y otro del PDCat. Podemos se abstuvo.

El voto decisivo de Caballero supone una «traición al municipalismo» para el partido de Pablo Casado, que considera la medida «de facto un corralito a los ayuntamientos, al impedirles gastar los ahorros acumulados durante los últimos años». En esta línea y tras insistir en la salida a la calle de miles de alcaldes populares, González Terol anunció la intención de su partido de presentar un recurso de inconstitucionalidad y mociones en todos los ayuntamientos y diputaciones con la intención de mostrar su rechazo a la medida.

Sin embargo, la soledad del Gobierno en este asunto hace peligrar la medida a su paso por la Cámara baja. El Gobierno decidió tramitar el acuerdo alcanzado como real decreto, lo que implica que el Congreso tenga que dar su aprobación. Un paso en el que, a la vista de los noes , podrían no alcanzarse los votos necesarios para aprobarla. H