El equipo de Mariano Rajoy decidió ayer salir públicamente en defensa del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, en vísperas de que el Supremo decida si reabre la causa de la compra de los trajes vinculada al caso Gürtel , y justo cuando el juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), está recabando datos sobre los supuestos contratos amañados del Gobierno valenciano con la red corrupta.

CONSIGNA EXTENDIDA La consigna oficial en el PP es repetir ante las cámaras de televisión y los micrófonos --como ayer hicieron diligentemente dirigentes como María Dolores de Cospedal, Javier Arenas y Ana Mato-- que Camps cuenta "con todo el apoyo del partido y que es el mejor candidato a la Generalitat valenciana". O sea, que no se le busca un sustituto para las próximas autonómicas.

OTRAS APUESTAS Pero esa es una verdad a medias, puesto que ya hay políticos conservadores que, como hizo hace meses sin disimulo el fundador del partido Manuel Fraga, apuestan por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, como posible recambio electoral para Francisco Camps. De hecho, Barberá se ha visto obligada a sostener varias veces en los últimos días que el relevo de Camps "no está planteado" dentro del partido, a fin de intentar callar las habladurías en ese sentido.

Hay otros miembros del PP que miran hacia el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, como posible aspirante a la Generalitat valenciana en caso de que Camps se vea envuelto en un proceso judicial en el Tribunal Supremo, que debe decidir la próxima semana sobre esta cuestión. "¿Y si el tribunal decide reabrir la causa el 12 de mayo?", se le preguntó ayer, en rueda de prensa, a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. "El 12 de mayo hablaremos. Lo digo con toda confianza y toda firmeza", respondió rotunda De Cospedal. Pero el apoyo de la cúpula del PP a Camps pasa por la vía judicial, además de por la vía política.

RECURSO JUDICIAL Ayer, el responsable de la estrategia de este partido en los tribunales, Federico Trillo, interpuso un recurso contra la providencia del magistrado Pedreira en la que instaba al Gobierno de Valencia a identificar a los responsables de 17 departamentos diferentes de la administración autonómica valenciana que contrataron, al parecer de forma irregular, con la trama Gürtel . El objetivo es parar cuanto antes la investigación, ya que, según Trillo, los informes en los que está basada carecen de toda objetividad.