El PP va a solicitar la comparecencia en el Parlamento andaluz del secretario general de UGT, Cándido Méndez, para que aclare la relación de la dirección nacional del sindicato con las supuestas irregularidades contables y facturas falsas endosadas a la Junta de Andalucía. La petición se produce a raíz de las informaciones aparecidas en varios medios de comunicación que apuntan a que una empresa dependiente de la organización, Temiqui, habría cobrado 600.000 euros por gestionar los supuestos ERE fraudulentos pagados por la administración regional.

Para el PP, estas informaciones ponen de manifiesto que la participación de UGT en el escándalo de los ERE "tasciende Andalucía" y "no era un hecho aislado" de la federación andaluza. "Es el momento de que los andaluces sepan la verdad, de llegar al fondo de toda la cuestión y conocer de primera mano las explicaciones del líder nacional y de quienes hasta hace poco eran los lideres regionales", justificó la vicesecretaria de Organización del PP-A, Ana María Corredera, "quién mejor que ellos para aclarar estas supuestas irregularidades".

Corredera subrayó la cercanía entre Méndez y el dimitido secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, quien llegó a asegurar que "lo compartía todo" con la dirección federal. Y recordó que ya presentaron propuestas similares para pedir la comparecencia del propio Fernández Sevilla o de su antecesor, Manuel Pastrana, que fueron bloqueadas por la mayoría parlamentaria que representan los socios de Gobierno, PSOE e IU. Así, la dirigente del PP confió en que "en pro de la transparencia" no veten esta nueva propuesta.

EL DINERO DE LOS ANDALUCES

Así, Corredera lamentó el "silencio" que la Junta de Andalucía, y su presidenta, Susana Díaz, han mantenido sobre este asunto, "parapetándose" en una investigación de los servicios jurídicos de la Junta que apunta a que el sindicato deberá devolver, por el momento, 1,8 millones de euros por cobros indebidos. Además, desde el PP insisten en que la Junta debe personarse en la causa judicial abierta en un juzgado sevillano sobre el supuesto desvío de fondos públicos para gastos internos o incluso de ocio del sindicato, una decisión "política" que el gobierno regional está "obligado a tomar para defender el dinero de los andaluces".

Por su parte, tanto PSOE como IU-CA se han mostrado favorables a que la investigación interna continúe y que los nuevos planes de concertación social sean "repensados" para incluir a nuevos agentes económicos y sociales. El secretario de organización de los socialistas, Juan Cornejo, ha subrayado además que la Junta "está actuando con transparencia" con la revisión de los expedientes de ayuda, por lo que expresó su deseo de que la situación "se normalice cuanto antes", y rechazó que se haga una "causa general" contra el sindicato.

POSIBLES ESCENARIOS

Mientras tanto, la dirección de UGT de Andalucía celebra este lunes el comité ejecutivo que conocerá oficialmente la dimisión del secretario regional y debatirá sobre la situación interna de la organización y la nueva dirección, que será elegida en el comité extraordinario del próximo 9 de enero. Fuentes sindicales han señalado que en caso de que se produjeran nuevas dimisiones en la actual ejecutiva habría que convocar una comisión gestora y posteriormente un congreso extraordinario, algo para lo que ya está recabando apoyos el sector crítico con la dirección.