El PP comunicó ayer que se siente "obligado a colaborar" para que Batasuna no pueda concurrir a las elecciones a través de Acción Nacionalista Vasca (ANV) o de plataformas electorales. Por ese motivo, registró un informe así como varios documentos y listados ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo para que actúe "de oficio" y ejecute la sentencia que ilegalizó a Batasuna.
El portavoz de justicia del PP, Ignacio Astarloa, aseguró que 2.500 de los 5.800 candidatos de ANV están "ligados a Batasuna". El dirigente popular admitió que son la Fiscalía y la Abogacía del Estado las instancias "legitimadas" para recurrir a la sala del 61 pero consideró que el artículo 12 de la ley de partidos, en su apartado 1.b, "obliga" al tribunal a actuar de oficio. En opinión del PP, la ley no prevé la posibilidad de ilegalizar algunas candidaturas sino concluir que existe "fraude de ley" porque un partido ilegalizado y disuelto se sirve de otro para seguir su actividad.
Según el PP, a ETA solo le falta "volver a las instituciones" y, por ello, persigue los "más de 1.000 millones para sus fines, los datos del censo y la posibilidad de multiplicar el apoyo y las subvenciones". En la documentación, se cita un documento en euskera intervenido por la policía en el que consta la planificación "por parte de ETA- Batasuna" de una gran ofensiva para presentarse "por múltiples vías".
