El PP ultima los detalles de la propuesta electoral con la que Mariano Rajoy se presentará a las próximas generales, sin perder de vista que el discurso antinacionalista y la defensa de la unidad de España siempre le han servido para afianzar el voto de sus fieles. Así, fuentes de la dirección del PP estiman conveniente recuperar en ese programa la reforma que imponía penas de prisión para quienes convocaran referendos ilegales. De esa forma, se buscaría sacar ventaja a un José Luis Rodríguez Zapatero que, a juicio del PP, no está preparado para hacer frente al "órdago independentista", especialmente después de que el lendakari, Juan José Ibarretxe, se haya atrevido a ponerle fecha a la tantas veces anunciada consulta sobre el futuro del País Vasco: el 25 de octubre del 2008.

En diciembre del 2003, el entonces presidente José María Aznar pudo permitirse adoptar una polémica medida gracias a su mayoría absoluta: convirtió en delito castigado con penas de cárcel la convocatoria de consultas consideradas ilegales. El objetivo de Aznar era intentar que el lendakari diera un paso atrás en el camino que había emprendido con el plan Ibarretxe bajo el brazo, que ya entonces amenazaba con terminar en un referendo. De paso, la discutida reforma del Código Penal buscaba lanzar una seria advertencia a quienes, en un futuro, osaran plantear iniciativas semejantes.

Pero la llegada a la Moncloa de José Luis Rodríguez Zapatero acarreó la derogación de aquella reforma. Precepto legal que, apenas tres años después, los populares se han propuesto rescatar en caso de que regresen al poder.

NUEVO ORDAGO DEL PNV Y es que, a tan solo unos meses de unas generales que el PP afronta creyendo en las posibilidades de victoria, dirigentes populares abogan por aprovechar la coyuntura política y sacarle el máximo rendimiento a las denuncias sobre la hipotética debilidad de Zapatero en el debate territorial, especialmente después de que Ibarretxe ha retomado con fuerza su discurso independentista. En ese contexto, los populares aseveran que ha llegado el momento de que el partido reflexione sobre los réditos que podría obtener en las urnas de defender ante la opinión pública la recuperación de la pena de cárcel para los convocantes de consultas que queden fuera de la ley.

No obstante, los populares que defienden esta opción reconocen que es su jefe, Mariano Rajoy, quien tiene la última palabra, y por tanto será él quien decidirá si es oportuno o no apostar por adoptar de forma literal la medida que aprobó Aznar en el 2003 (penas de entre tres y cinco años de cárcel, y entre seis y diez años de inhabilitación absoluta) o introducir alguna variación para marcar distancias.