La secretaria ejecutiva de política autonómica y local del PP, Soraya Sáez de Santamaría, y el portavoz en la Comisión Constitucional del Congreso, Federico Trillo, han presentado en el registro del Tribunal Constitucional el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatut. Pasadas las 11 de la mañana, los dos representantes populares han acudido al Tribunal Constitucional con el documento, que consta de 411 folios y donde, entre otros asuntos, se recurre el término nación que aparece en el preámbulo del texto estatutario.Ocho ejes de actuación Según el principal partido de la oposición, el recurso "no va contra nada ni contra nadie" y se basa en ocho ejes en los que, bajo su punto de vista, la reforma vulnera la Constitución. Entre estos puntos principales se incluye el preámbulo, en el que se califica a Catalunya de nación a pesar de que, según recuerda el PP, esta definición vulnera la Carta Magna porque esta solo contempla como única nación la española. En el recurso se incluyen también como motivos de inconstitucionalidad los artículos que, según el PP, establecen el catalán como un "deber impuesto a todos los que viven en Catalunya", el capítulo de derechos y deberes, "que distingue a los catalanes del resto de los españoles", así como aquel que "establece un poder judicial propio que "fractura la unidad del estamento judicial español y cuestiona su independencia". El capítulo de competenciasEl quinto punto del recurso de los populares se refiere al apartado competencial que, en opinión del principal partido de la oposición, determina que la Generalitat se quede "con todas las competencias", transformando al Estado en "algo residual dentro de Catalunya". Para la dirección del PP, uno de los puntos más importantes de su recurso será el que afecta a la relación de bilateralidad que, según su análisis, coloca a Catalunya en una situación de privilegio sobre las demás comunidades y sienta las bases de un modelo confederal que hace inviable el Estado autonómico. Los populares recurren también el capítulo de relaciones internacionales, por abrir la puerta a que Catalunya vete en la UE decisiones del Gobierno, y el sistema de financiación, porque fomenta un "marco interregional de insolidaridad que afecta a la amplitud e igualdad de las prestaciones que tienen derecho a disfrutar todos los españoles".