El PP ha presentado hoy ante el Tribunal Supremo una ampliación de la querella por prevaricación que había interpuesto contra el expresidente andaluz y actual vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, en relación a la concesión de una subvención pública a Matsa, en la que trabaja su hija.

La querella, a la que ha tenido acceso Efe, va dirigida contra Chaves y no contra su hija como inicialmente ocurría, aunque pide al Alto Tribunal que está sea citada a declarar como testigo.

También se dirige contra "cualesquiera otras personas que en fase de instrucción aparezcan como coautoras, cómplices o encubridoras" de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Subvención de 10 millones

La querella contra Chaves se basa en el hecho de que, durante su etapa como presidente de la Junta Andaluza, la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), de la que su hija es apoderada, recibió una subvención superior a los diez millones de euros.

La denuncia fue registrada el pasado 24 de junio en el Alto Tribunal por el PP, que al día siguiente informó de que había decidido retirarla con el objetivo de ampliarla en los próximos días "con los nuevos datos" obtenidos.

Estos nuevos datos, según aseguró en un comunicado, procedían de la copia que había recibido del expediente sobre la subvención que la Junta de Andalucía concedió a la empresa Matsa.

En el escrito inicial se imputaba a Chaves y a su hija los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, además de la posible existencia de malversación de caudales públicos.

Tráfico de influencias

Finalmente, en el escrito presentado hoy se asegura que el entonces presidente de la Junta de Andalucía no se abstuvo en el trámite de aprobación de la subvención concedida "a pesar de conocer de modo indubitado" que su hija era responsable del departamento jurídico de la empresa favorecida con esa resolución, que, según el PP, "no se ajustaba a Derecho".

Añade respecto al delito de tráfico de influencias que Chaves prevaliéndose de su condición del jefe del Ejecutivo andaluz intervino ante las autoridades competentes "de cara a que Matsa consiguiera el incentivo", que "venían solicitando años atrás con resultados rotundos de denegación".

Según fuentes del Tribunal Supremo, el Alto Tribunal ha dado al PP un plazo de cinco días, que finaliza el próximo 22 de julio, para que ratifique esta querella.

El sindicato ultraderechista Manos Limpias también ha presentado una denuncia por estos hechos, que la Fiscalía Superior andaluza ha remitido al Tribunal Supremo.