El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para exigir al Gobierno que impida el pase al tercer grado de los líderes independentistas condenados por sedición y que paralice la política de acercamiento de presos etarras condenados por terrorismo.
Los populares presionan al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que fiscalice las competencias en materia penitenciaria en Cataluña y para que renuncie a traspasar esta competencia al País Vasco, al tiempo que reclaman que modifique la ley general penitenciaria para que el acceso a un nuevo grado requiera un arrepentimiento "inequívoco" de los reos y que se muestren partidarios de colaborar "activamente para impedir la comisión de otros delitos análogos".
La normativa propuesta por el partido liderado por Pablo Casado es que el equipo técnico deberá presente un escrito de propuesta de un modelo excepcional que acredite el cumplimiento de estos requisitos, que la junta de tratamiento realice una labor de comprobación de estas circunstancias antes de elevarlo al juez de vigilancia para que lo apruebe.
Por otro lado, insisten en una reforma del Código Penal para recuperar el delito de rebelión impropia, introducir el cumplimiento integro de las penas para condenados por rebelión, sedición y terrorismo, y restablecer el delito por convocatoria de referéndum ilegal. Y, además, que se introduzcan modificaciones en la ley de financiación de los partidos políticos para que los que tengan dirigentes condenados en sus filas por alguno de los delitos mencionados "no puedan recibir fondos públicos". También requieren que se prohíban los "homenajes públicos a terroristas".
Los nueve líderes independentistas en prisión están a un paso de acceder al régimen de semilibertad, que les permitiría ir a la cárcel solo a dormir, de acuerdo con la propuesta de las juntas de tratamiento de los centros donde cumplen condena, que debe ser ratificada ahora por la Generalitat.
