El Gobierno no contará con más apoyo que el de su partido y el del PSOE para aprobar el endurecimiento de penas a los terroristas. Ayer, en la reunión del pacto para la justicia, CiU se alineó con el PNV, Izquierda Unida (IU) y los partidos del Grupo Mixto. Como ya había anunciado, el partido catalán rechazó el incremento de las condenas de los terroristas de 30 a 40 años por considerar que las vías de reinserción previstas son insuficientes.

DISCUSION INESPERADA

El pacto por la justicia no tenía previsto discutir sobre el incremento de las condenas de los etarras, pero IU forzó la discusión al amenazar con romper el entendimiento. La coalición de Gaspar Llamazares denunció que el pacto no busca el consenso ni permite discutir a fondo las reformas judiciales. El debate inesperado sirvió para que Manel Silva, de CiU, confirmase que su grupo tampoco apoyará el pacto PP-PSOE sobre el cumplimiento íntegro de las penas de 40 años con las que se condenen a los miembros de la organización terrorista.

Durante su discurso, Silva explicó que "las vías de reinserción no son diáfanas" y juzgó inaceptable que se regule el arrepentimiento de los terroristas de tal forma que sólo se puedan acoger al tercer grado cuando hayan cumplido cuatro quintas partes de la condena (32 años) y a la libertad condicional, con siete octavos (35 años). A su juicio, el actual Código Penal podría resolver el problema porque da libertad a los jueces para determinar cómo se deben aplicar los beneficios.

Con todo, CiU no presentará una enmienda de totalidad a esa reforma, lo que sí harán PNV e IU. Los nacionalistas catalanes se limitarán a presentar enmiendas parciales, aunque saben que el ministro de Justicia, José María Michavila, no aceptará ninguna modificación a lo pactado con su único aliado, el PSOE.

TEXTO ALTERNATIVO

El ministro de Justicia consiguió ayer que la reforma que aumenta el cumplimiento de penas a los terroristas no destruya el pacto. Todos los partidos aceptaron seguir discutiendo en ese ámbito de consenso la reforma de la ley orgánica del poder judicial en lo que se refiere a la modernización del personal de justicia y a la creación de la Oficina Judicial.

En ambos casos, CiU y el PNV anunciaron que presentarán un texto alternativo al que populares y socialistas se disponen a pactar. Manel Silva dijo que en lo referido al acceso a la profesión de abogado y a la creación de la oficina, CiU ha planteado "la salvaguarda de las competencias autonómicas". Los nacionalistas reclaman la creación de cuerpos autonómicos de justicia.