El PP presentó ayer una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra Quim Torra por «usurpación de funciones públicas». El partido que preside Pablo Casado considera que Torra ya no puede ostentar el cargo de presidente al haber perdido el escaño después de haber sido inhabilitado por ese mismo tribunal por desobedecer las órdenes de la Junta Electoral Central (JEC). Este órgano resolvió en diciembre que el dirigente independentista había vulnerado la neutralidad al colgar en la Generalitat pancartas en defensa de los dirigentes del 1-O encarcelados en plena precampaña de las generales del mes de abril.

Los populares empezaron a amenazar con esta querella el 10 de enero, pero finalmente decidieron presentarla horas antes de que Torra se reúna hoy con Pedro Sánchez, una cita que Casado considera que no debería realizarse porque «ya no es presidente de la Generalitat».

Según la denuncia, el PP considera que la interpretación que los soberanistas hacen del Estatuto de Cataluña no es la correcta por «ilógica» e «incluso arbitraria», escriben los conservadores en la querella. Las formaciones independentistas sostienen que para ser president hay que ser diputado (artículo 67.2 de la carta autonómica), pero consideran que no debe abandonar el cargo si pierde el acta. En el precepto 67.7 quedan recogidas las diversas circunstancias por las que el jefe del Ejecutivo debe ser cesado, entre otras, una sentencia en firme contra él. Y, por ahora, el Supremo todavía no la ha dictado, ya que no se ha manifestado.

En el escrito, no obstante, el PP recoge un párrafo del recurso que el 16 de enero presentó el Parlament ante el Supremo en contra de la resolución de la JEC y en el que los letrados señalan que la condición de diputado es «requisito necesario para ser presidente de la Generalitat y, a pesar de que la norma no lo diga expresamente, es posible interpretarla en el sentido que esta condición no solo actúa en el momento de la elección, sino que ha de mantenerse mientras se desarrolle el cargo».

ADMISIÓN A TRÁMITE / Fuentes jurídicas apuntan a que el TSJC tiene que admitir la querella del PP de manera prácticamente obligatoria y deberá llamar a declarar a Torra. Una vez que preste declaración determinará previsiblemente si los hechos son o no constitutivos de delito alguno, lo que determinará el futuro de la querella.

Ciudadanos no ha querido sumarse a esta iniciativa de los populares en los tribunales. Según fuentes del grupo parlamentario naranja, esta denuncia no tiene «ningún recorrido» porque existe la «duda jurídica», a la vista del Estatuto de Cataluña, de que el president puede seguir siéndolo hasta que haya una condena firme. «Si vamos a los tribunales es para ganar, no para armar ruido y encima perder», afirman esas fuentes. Para el PP, en cambio, no hay duda de esa usurpación, aunque paradójicamente presenta su querella ante la sala de lo civil y penal del TSJC y no en uno ordinario.