Estoy muy satisfecho porque he visto a José Luis Rodríguez Zapatero muy receptivo". Así valoró Mariano Rajoy las dos horas y media de reunión que mantuvo ayer en la Moncloa con el presidente del Gobierno. Y eso que el jefe del Ejecutivo sólo aceptó "abrir un proceso de diálogo" para que los dos principales partidos hablen sobre las reformas institucionales: Constitución, estatutos y financiación autonómica. La propuesta del PP, que Rajoy llevó por escrito a la Moncloa, iba mucho más allá. Perseguía blindar las reformas de los estatutos para que no puedan aprobarse sin los votos del PP.
El pacto de Estado por la convivencia y el consenso constitucional en España , como bautizaron los populares su documento de siete folios, propone al Ejecutivo ocho medidas concretas para atajar el plan Ibarretxe y acordar hasta dónde pueden llegar las reformas estatutarias en marcha o previstas en las autonomías. Se trata de mandar un mensaje contundente a los españoles para que se "tranquilicen" ante la "grave situación" creada por la propuesta soberanista vasca, explicó Rajoy.
De paso, la propuesta popular invita al Gobierno y al PSOE a que acuerden con el PP el futuro de las reformas que están emprendiendo varias autonomías en sus textos fundamentales. Consciente del malestar que un acuerdo así podría generar en los socios del Gobierno, máxime en pleno proceso de reforma del Estatuto en Cataluña, Rajoy ofreció al Ejecutivo el "apoyo del PP" para "garantizar la estabilidad si ésta pudiera verse amenazada por la aplicación de criterios contenidos en este acuerdo".
Las fórmulas concretas para aplicar esa garantía de estabilidad parlamentaria ni se incluyen en la propuesta popular ni se trataron en la reunión, pero Rajoy dejó claro que "148 diputados son más que 8", en referencia al respectivo peso del PP y de ERC en el Congreso.
ELEVAR EL CONSENSO Lo que sí concreta la oferta popular es cómo blindar las reformas estatutarias. Propone elevar a 2/3 la mayoría necesaria para aprobar los nuevos estatutos, tanto en los parlamentos autonómicos que no la requieren (por ejemplo, el vasco) como en las Cortes Generales. Ello obligaría a consensuarlas siempre entre los dos grandes partidos, tal como ocurre con la reforma de la Constitución, de modo que el apoyo del PP pasaría de ser "conveniente" a "imprescindible".
