El PP no quiere ofrecer explicaciones sobre el caso Gürtel y, cuando alguno de los suyos se ve obligado a darlas ante los tribunales, intenta minimizar la relevancia del acontecimiento. La consigna del partido de Mariano Rajoy es, desde el inicio de la investigación, hablar lo menos posible de los delitos de corrupción que se han imputado a políticos populares y, sin embargo, poner el acento en buscar y denunciar a los posibles filtradores de sumarios o informes policiales que dejan en evidencia a miembros del partido. Y, en su defecto, a los supuestos responsables de evitar dichas filtraciones: eso explica que quieran llevar ante el juez al secretario de Estado de Seguridad y número dos de Interior, Antonio Camacho; al jefe de la brigada de la policía judicial, José Antonio González García, y al responsable de la unidad de delitos económicos y fiscales (UDEF), José Antonio Olivera. Así lo solicitan los populares en la denuncia que presentaron ayer en el Juzgado de Instrucción de Madrid por un supuesto delito continuado de revelación de secretos.
Según explicó a los periodistas Federico Trillo, la denuncia hace hincapié en que se han estado divulgando conversaciones telefónicas grabadas por la policía, vulnerando derechos como el secreto de comunicaciones telefónicas e incurriendo en conductas sancionadas en el Código Penal. En el escrito que el exministro llevó a los tribunales se agregan recortes de prensa para intentar justificar su tesis de que se han difundido documentos policiales y grabaciones que "siempre" perjudican al partido. Los conservadores aseveran que su intención no es cargar contra la policía, sino contra los que filtran datos en su contra.
EL PRECEDENTE DE GARZON Lo mismo decían del juez Baltasar Garzón cuando comenzó la instrucción del caso Gürtel y, al final, lo convirtieron en el receptor de todas sus críticas. Eso sí, la campaña contra el juez sirvió en su día para cerrar filas en el PP cuando la investigación daba sus primeras pasos y, quizá, la nueva campaña contra la UDEF e Interior (que será ratificada en el comité ejecutivo popular del próximo martes) tenga resultados semejantes en un momento en que hay división interna por el apoyo dado a Luis Bárcenas.
Los conservadores dicen no temer la reacción de la UDEF ante este ataque. Trillo explicó ayer que fue el responsable de esta brigada el que telefoneó al presidente valenciano, Francisco Camps, para notificarle en marzo que Garzón iba a implicarle en el caso de corrupción. "Yo he oído esa conversación", sostuvo Trillo, tras admitir que no estaba presente cuando se produjo. ¿Camps también graba las llamadas que recibe? El exministro no quiso aclararlo, pero dijo que la imputación de Camps en este caso no es "formal".
