El PP irrumpió ayer con estrépito en la batalla política y mediática desatada por la inminente suspensión y más que probable inhabilitación de Baltasar Garzón. Los conservadores se habían mantenido hasta ahora al margen de la polémica. El proceso contra el juez que les había puesto en la picota con el caso Gürtel caminaba solo, pero las crecientes protestas, tanto en España como en el extranjero, amenazan con hacer mella en el Tribunal Supremo en España, y el PP ha decido movilizarse abriendo una cacería contra los cargos públicos que participaron en el acto de apoyo al magistrado, organizado por los sindicatos. Aprovechó para ello los excesos de algunos intervinientes, como el exfiscal Carlos Jiménez Villarejo, que llegó a afirmar que en el tribunal habitan todavía los torturadores del franquismo.

Las cabezas a cobrar son, en primer lugar, el secretario de Estado de Política Territorial, el jienense Gaspar Zarrías, que acudió al auditorio de la Universidad Complutense por la amistad personal que le une con su paisano. Mariano Rajoy pidió su cese por participar en lo que calificó de acto "claramente antidemocrático", que se convirtió en un ataque al poder judicial. "El secretario de Estado que estaba allí no debería seguir ni un minuto más" en su puesto, exigió Rajoy.

El grupo parlamentario popular apuntó al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Pedro Castro, de quien se preguntó en una nota "qué pintaba en un acto anclado en el año 1936", mientras "el municipalismo está asfixiado".

LA UNIVERSIDAD No es probable que Zarrías o Castro sean cesados. Pero el puesto del rector de la Complutense, Carlos Berzosa, sí puede estar en peligro. La presidenta regional, Esperanza Aguirre, de quien dependen las universidades, se despachó a gusto al afirmar que le había causado "estupor y escándalo" que un acto organizado por la Complutense y presidido por el rector sirviera "para coaccionar y amenazar al Tribunal Supremo, a los que se ha llamado torturadores y fascistas". Con desparpajo, añadió en una velada amenaza que "no es una cuestión que pueda quedar ahí".

Los socialistas no están muy satisfechos con el resultado del acto. La consigna impartida por el partido era mostrar un apoyo moderado al magistrado y respetuoso con la justicia, y el acto no fue ni lo uno ni lo otros. Pero una cosa es admitir un cierto resbalón y otra, reconocer que se persiga a cargos públicos por apoyar a Garzón. Al fin y al cabo en las múltiples manifestaciones que organizó el PP en la pasada legislatura hasta ondearon banderas preconstitucionales, y los conservadores no se hicieron responsables de esos hechos.

La dirección del PSOE no era partidaria ayer de responder a los ataques para no magnificar un debate que solo beneficia la estrategia del marcada por el comité de dirección del PP del pasado lunes, donde se acordó subir el tono en todas la cuestiones que pudieran tapar el caso Gürtel . Solamente algún diputado socialista advirtió de que "la libertad de expresión también rige para los miembros del Gobierno", y recordó "los improperios" lanzados por los conservadores contra otros jueces.

Dirigentes socialistas se mostraban indignados porque se acusara a los participantes en el acto de resucitar la dialéctica guerracivilista cuando, en realidad, solo respondían a una querella presentada por la Falange, herederos de los ganadores de la contienda bélica.

La línea oficial la marcó una vez más el ministro de Fomento, José Blanco, quien volvió a explicar que le "cuesta mucho entender que los falangistas puedan sentar a un juez en el banquillo por querer recuperar la memoria de las víctimas de la dictadura".

Varios diputados socialistas criticaron también el exceso de Villarejo. El exfiscal Anticorrupción acusó de torturadores a los jueces porque habían participado en el Tribunal de Orden Público de la dictadura, pero ninguno de los magistrados que integraban ese organismo está hoy en ejercicio.