El PP, con apoyo del fiscal, volvió a plantear ayer la doctrina Botín para librarse in extremis del juicio por la destrucción de los discos duros de los ordenadores de su extesorero Luis Bárcenas. Pero el juez Eduardo Muñoz de Baena decidió posponer su decisión hasta la sentencia. El partido de Pablo Casado no se salva de responder del delito de daños informáticos, del que también se acusa a la extesorera Carmen Navarro y los jefes jurídico e informático de la formación, Alberto Durán y José Manuel Moreno, acusados además de encubrimiento.
El titular del Juzgado Penal 31 de Madrid se pronunciará en el fallo sobre si bastan las acusaciones populares para la condena del PP y sus empleados -el fiscal no acusa y Bárcenas, el supuesto perjudicado, retiró su acusación- para no tener que repetir el juicio si la Audiencia Provincial no lo compartiera.
La fiscalía, que no acusa al entender que no se cometió delito, sostuvo que las acusaciones populares sí estarían legitimadas para señalar, sin apoyo del ministerio público ni del perjudicado, el delito de encubrimiento, cuyo interés es público al ir contra la administración de justicia. Y no lo estarían por el de daños, por el que solo se acusa al PP.
Al comenzar la vista, el juez resolvió la petición de las acusaciones -IU, Observatorio de Derechos Humanos Desc y la Asociación de Abogados Demócratas- de televisar el juicio. Considera un «gran acierto» del Tribunal Supremo retransmitir la vista del procés, pero «esa decisión no es trasladable a todos los juicios», apuntó.
A pesar de ver «lógico y notorio el interés social y mediático del juicio», cree que Navarro, Durán y Moreno no son personajes públicos, y les supondría «una exposición pública desproporcionada». El abogado del PP, Jesús Santos, les consideró incluso «daños colaterales», al defender que el partido salga de este procedimiento, que entiende supone un «abuso de derecho».
El próximo jueves, día 20, comparecerán los acusados y seis testigos, entre ellos Bárcenas y la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal.
En enero del 2013, el PP prohibió el acceso de Bárcenas a su sede de la madrileña calle Génova y el extesorero reclamó sus pertenencias. Ante la negativa a darle los ordenadores denunció su robo y el caso fue sobreseído por no poder acreditar que eran suyos. Durán pidió a Moreno que borrara los discos duros, por lo que este sobrescribió sobre ellos 35 veces, los rayó y los tiró a la basura. Se supo cuando el juez Pablo Ruz, que investigaba los papeles de Bárcenas, reclamó el Toshiba y el Apple que había usado el extesorero y que Cospedal declaró que seguían en la sede.
El primero no tenía disco duro. y el del segundo había sido borrado por la Ley de Protección de Datos, explicó el PP. Según había dicho Bárcenas, los ordenadores tenían información sobre financiación opaca del PP.
