Con acta de concejal, pero sin carnet del partido. Los nueve ediles del PP investigados en el 'caso Taula' por blanqueo de capitales asistieron este jueves a su primer pleno municipal como independientes tras la decisión de la dirección estatal de suspenderlos cautelarmente de militancia a la espera de que el comité de derechos les escuche y adopte una postura definitiva. Entre las más duras está la líder regional, Isabel Bonig, quien aboga por la expulsión de los concejales si estos no entregan sus actas en nueve días. Un ultimátum en forma de carta certificada a cada uno de ellos. No obstante, la rigidez del plazo podría situar a Bonig en una posición difícil. De hecho, este miércoles, tensó la cuerda: “¿Alguien ha dicho públicamente que me he equivocado? El día que lo digan yo me marcho”.

“No se ha equivocado ni tiene que marcharse, pero sí darse cuenta que estamos sometidos a un procedimiento informativo; lo demás son apreciaciones personales en las que no voy a entrar”, respondió Alfonso Novo minutos antes de su último pleno como portavoz. A partir del 1 de abril el liderazgo del grupo lo ejercerá Eusebio Monzó, libre de imputación, ya que se incorporó a las listas como independiente en el último momento. “Dios dirá”, encomendó Monzó a la divina providencia el futuro de un grupo que ha quedado bajo control de una gestora. Algo que podría empeorar si prospera el órdago de Isabel Bonig, los concejales rebeldes no entregan el acta y pasan en bloque al grupo mixto.

NOQUEADO

En ese ambiente de deserción y agotamiento se desarrolló el pleno. El Partido Popular dio la espalda al debate y ablandó el discurso para evitar envites y alusiones. Aun así hubo referencias por parte de algunos ediles de Compromís a “chanchullos” y “mangarrufas”con “explicaciones ante el juez de miembros del PP”. Un veneno escaso para un grupo noqueado. Poco importó que el tema fueran los presupuestos municipales, el derecho civil valenciano, el balance de las Fallas o el apoyo a las víctimas del terrorismo. El tono apagado fue el mismo y misma la pesadez de brazos en el voto.

En uno de los recesos, el alcalde Joan Ribó analizó “la situación bastante surrealista” de la bancada conservadora, donde “ha cambiado algún detallito para que todo continúe igual”. “Cuando se blanquea dinero, el delito es derivado de otro delito; el dinero no era blanco, era negro, y cuando es negro viene de determinados sitios”, criticó y señaló que el Ayuntamiento está pendiente de personarse como acusación popular en el caso para “tener derecho a conocer bien este tema y poder actuar”. De hecho, una de las primeras medidas anunciadas es la suspensión de empleo y sueldo de la trentena de asesores del PP investigados. “Lo arreglaremos pronto”, avanzó Ribó.