La oposición de derechas salió ayer en tromba contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la crisis en el seno de la Guardia Civil. La destitución del jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, por el informe aportado a la investigación judicial sobre las manifestaciones del 8-M en la capital y los contagios de covid-19 copó buena parte de la sesión de control.

Tanto el PP como Vox exigieron la salida del ministro. Pero la tensión lejos de bajar va subiendo. Ayer, con horas de diferencia, se conocieron dos informaciones nuevas: primero, al mediodía se supo que la abogacía del Estado, que representa al Gobierno central, pidió la revocación de la investigación penal del 8-M acusando a la jueza Carmen Rodríguez-Medel de convertir la instrucción «en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria»; y, a última hora de la tarde, Marlaska informó de que relevaba al número tres de la Guardia Civil, un cambio pactado previamente y ajeno a esta crisis, pero que acrecenta la sensación de ruido. El general de división Félix Blázquez González sustituirá al teniente general Fernando Santafé.

LA FUGA DE ROLDÁN / La mañana empezó en el Congreso con todos los focos apuntando a Marlaska. Primero, en su intercambio con Pedro Sánchez, Pablo Casado pidió la marcha de Marlaska («sobra», afirmó) y acusó al Ejecutivo de «sabotear la independencia judicial» y «amordazar» a los españoles. «Desde [Luis] Roldán nadie había manchado así a la Guardia Civil», señaló el líder del PP, recordando al director general del instituto armado que se fugó en 1993. El presidente contestó con una constante en sus debates con el jefe de la oposición: identificarlo con la ultraderecha. «Si usted habla como Vox, actúa como Vox y vota como Vox, si no es lo mismo, empieza a parecer lo mismo que Vox. Y eso es un problema para la democracia española», espetó Sánchez.

La tensión creció cuando Teodoro García-Egea acusó al Gobierno de «fulminar a todo el que le molesta» y recordó un precedente ocurrido hace más de un siglo, cuando el fundador de la Guardia Civil, Francisco Javier Girón, duque de Ahumada, «se negó a cumplir un orden del general Ramón Narváez», cuando este era presidente del Gobierno. El vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, le pidió que aclarara si estaba llamando a la «insubordinación» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Fuentes del PP apuntaron más tarde que en ningún caso ese era el mensaje que quería trasladar su número dos.

Y por último, el propio Marlaska tuvo que contestar a siete preguntas sobre la crisis en la Guardia Civil, acrecentada con la dimisión de su director operativo, Laurentino Ceña, el martes. Ese día, Marlaska redujo el incidente a un «proceso natural» de «cambios de equipos» y anunció un aumento del sueldo de la Benemérita y la Policía Nacional. Un intento de frenar el malestar en el instituto armado, según PP y Vox. Varios diputados populares insistieron en la necesidad de que el ministro se marche, acusándole de «robar la democracia», no respetar la división de poderes y «traicionar a la Guardia Civil». Desde Vox, la portavoz adjunta, Macarena Olona, anunció que su partido se querellará contra el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la directora general del instituto armado, María Gámez. «Usted, o sus subordinados, van a caer», auguró en su turno de palabra mirando a Grande-Marlaska.

El portavoz de Cs, Edmundo Bal, se centró en la subida salarial recién aprobada. «¿Cree usted que la Guardia Civil es tonta?», le preguntó al ministro.

Como el día anterior, Marlaska desvinculó la crisis en el cuerpo de la mejora en los sueldos, insistió en que desconoce el controvertido informe sobre el 8-M y negó cualquier «injerencia» en un proceso judicial rodeado de polémica.