Los presupuestos de la Generalitat del 2014 no se aprobarán en el pleno de este jueves. El PPC ha paralizado la votación de las cuentas (que iban a obtener el apoyo de CiU y ERC) al reclamar al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen al respecto. Los populares consideran que tanto la ley de presupuestos como la de acompañamiento incluyen apartados que "vulneran el Estatut o a la Constitución", especialmente los más de cinco millones destinados a la hipotética consulta de autodeterminación fijada para el 9 de noviembre del año que viene. Ahora, el órgano consultivo deberá redactar su informe, que no es vinculante. De esta manera, los presupuestos, que iban a entrar en vigor el 1 de enero, no podrán ser ratificados en el Parlament hasta el mes que viene.
La presidenta del partido, Alicia Sánchez-Camacho, ha sopesado con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, si una paralización de los presupuestos podría perjudicar a la Generalitat a la hora recaudar fondos que permitan cumplir con el objetivo de déficit marcado por el Ejecutivo central. Sin embargo, fuentes populares han manifestado a este diario que la afectación en este apartado sería "mínima o nula", por lo que finalmente se han decidido a impugnar las cuentas. "Estaremos vigilantes", ha asegurado Camacho este martes en el Senado. En su opinión, destinar una partida a la consulta de autodeterminación podría suponer un delito de "malversación de fondos públicos".
Además de la partida de cinco millones para "procesos electorales y consultas populares" incluida en la ley de presupuestos, los populares cuestionan la legalidad del capítulo sobre los 2.300 millones de euros en ingresos "en los que no se justifican qué privatizaciones o ventas se harán para obtener esos fondos". También han detectado ilegalidades en la ley de acompañamiento otros cinco puntos, que afectan a universidades, la Agència Catalana de Consum y el canon del agua. Sin embargo, son esos fondos previstos para el referendo los que más desagradan a los conservadores, que han intentado frenar su aplicación presentando en el Parlament una enmienda de sustitución. Al ser rechazada por CiU esta medida, ha sido cuando el PPC ha decidido reclamar el dictamen al Consell de Garanties Estatutàries.
