El escrito de comparecencia señala que Mariano Rajoy hablará de la "situación política y económica" a "petición propia". Lo primero es cierto; lo segundo, solo formalmente. Tras varias semanas instalado en el silencio sobre el escándalo desatado por Luis Bárcenas, con la oposición al completo exigiéndole que explicara los presuntos sobresueldos que cobró en negro y los sms que se cruzó con el extesorero hasta fechas recientes, el presidente del Gobierno acude hoy al Congreso a regañadientes, forzado por el malestar ciudadano y el descrédito internacional que acarrea este caso. Se trata de la cita parlamentaria que mayor interés ha concitado este año, pero todos los partidos, incluido el PP (con la boca pequeña), dan por supuesto que el jefe del Ejecutivo no despejará las dudas que se ciernen sobre él.
Rajoy, según explicó ayer el diputado Esteban González-Pons, hablará tanto de la "economía" como de los "escándalos", y aunque ambos asuntos parecen alejados entre sí, el presidente "los relacionará".
ALUSION A LA EPA El jefe del Ejecutivo, que intenta recuperar la iniciativa frente a Bárcenas en esta segunda fase del caso, con el extesorero batallando a las claras contra su partido, se detendrá previsiblemente en los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en la desaparición del fantasma del rescate y en las medidas contra la corrupción que ya explicó el pasado febrero, durante el último debate del estado de la nación, cuando los documentos del antiguo jefe de la caja del PP, ahora preso, ya habían salido a la luz.
Rajoy anunció entonces, entre otras medidas, que dotaría de más medios al Tribunal de Cuentas, reformaría la ley de financiación de partidos para que hubiera mayor control y tasaría la retribución de los dirigentes políticos. Todos los grupos apoyaron estas iniciativas, pero la recuperación del impulso regenerativo, del que por el momento no se ha vuelto a saber nada, será esta vez insuficiente para contentar a una oposición que pide al presidente, con distintos grados de contundencia, que explique lo que hasta ahora se ha negado a explicar. Es decir, los supuestos sobresueldos en la cúpula del PP, sus vínculos con Bárcenas, la financiación de las campañas electorales y los donativos de empresas que recibieron adjudicaciones de obras públicas.
"Le vamos a obligar a hablar de lo que no quiere hablar", dijo ayer la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano. Sin embargo, los socialistas reconocen que algo así resulta imposible. Si Rajoy no está dispuesto a salirse del guion, nada se puede hacer para que se mueva durante una cita que se prevé bronca.
El jefe de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, que es en parte el artífice de esta comparecencia al amenazar con una moción de censura si Rajoy mantenía su opacidad, le reclamará, al mismo tiempo, que cuente todo lo que sabe y que dimita. "Es un sí o sí. Si dice la verdad, debe irse. Y si la oculta y miente, también debe irse", continuó la número dos de los socialistas, quienes han roto todas sus relaciones con el Ejecutivo, que por otra parte eran escasas.
También Izquierda Unida y UPD reclamarán la marcha del jefe del Ejecutivo, pero mientras el PSOE solo pide la sustitución de Mariano Rajoy por otro dirigente del Partido Popular, Cayo Lara y Rosa Díez abogan por un adelanto electoral. Ante un panorama tan crispado, los conservadores esperan que CiU sea más comprensiva. La federación nacionalista catalana, por el momento, ya se ha mostrado a favor de que el jefe del Ejecutivo no hable solo de Bárcenas. El presidente, como mínimo, puede contar con una cosa: su abrumadora mayoría absoluta.
FIANZA PARA LA ESPOSA Mientras tanto, la investigación avanza. Un día después de citar como testigos a la actual secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y sus dos antecesores en el cargo, Francisco Alvarez-Cascos y Javier Arenas, el juez Pablo Ruz impuso ayer una fianza de seis millones de euros a Rosalía Iglesias, esposa del extesorero.
