Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS) sorprendió ayer, en el solemne acto de apertura de tribunales que preside el Rey, con un discurso en el que se opuso a las reformas que prepara el Gobierno para crear los consejos territoriales de justicia y quitar a los jueces la instrucción penal para pasársela a los fiscales.

Dívar obvió sus referencias filosóficas de años anteriores y entró de lleno en la difícil situación que vive la justicia. De entrada, se pronunció en contra de la intención del Gobierno de legislar los consejos territoriales de justicia, después de que el Tribunal Constitucional los haya declarado inconstitucionales en la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. "Ningún órgano, salvo el CGPJ, puede ejercer la función de gobierno de los órganos jurisdiccionales integrados en el poder judicial", dijo.

Asimismo, reclamó el papel prevalente que el Constitucional ha otorgado al Tribunal Supremo y pidió prudencia a los políticos si finalmente optan por quitar la instrucción a los jueces para que la ejerzan los fiscales, un viejo proyecto que todos los Gobiernos han intentado llevar a cabo, pero que ninguno ha conseguido sacar adelante.

LAS CRITICAS Además, para Dívar la situación de la justicia es preocupante porque se ha perdido el miedo a criticarla y, a veces, estas recriminaciones buscan "cuestionar la legitimidad democrática del juez" cuando sus decisiones "no son bien recibidas por sus destinatarios o por determinados grupos sociales".

El presidente del CGPJ y del TS tampoco se olvidó de la lucha contra ETA. Y se comprometió a que los jueces sigan "manteniendo el impulso que reclama nuestra sociedad, sin posibilidad de retroceder ni un milímetro".

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, también confirmó que su departamento no va a variar su política antiterrorista porque, en su opinión, en los últimos comunicados de la banda terrorista "no hay ninguna novedad". Por ello, aseguró que la fiscalía se va a esforzar para evitar que los "asesinos ni sus testaferros ni quienes sirven a sus intereses usurpen con su presencia las instituciones democráticas".

Además, el fiscal del Estado subrayó el trabajo que ha llevado a cabo la fiscalía anticorrupción que combate la llamada corrupción política. Conde-Pumpido pidió unidad a las fuerzas sociales y políticas para luchar contra esta lacra. Y explicó que este fenómeno "no se vincula a una u otra formación política o corriente ideológica sino al abordaje ególatra y lucrativo del poder por parte de sujetos o grupos que solo militan en su propio afán depredador y en el desprecio de la legitimidad democrática". Conde-Pumpido también abogó por la cooperación judicial internacional después de que el crimen se haya globalizado. En su opinión, "la avaricia ilimitada de algunos", que ha hecho tambalear el sistema financiero, no ha tenido una adecuada respuesta penal.