Los presidentes autonómicos del Partido Popular aprobarán en sus respectivas comunidades una serie de leyes sobre estabilidad y disciplina presupuestaria con el fin de trasladar a cada territorio el espíritu de la última reforma constitucional.
El responsable de Política Autonómica del PP, Javier Arenas, ha anunciado que éste ha sido el compromiso fundamental que los barones del Partido Popular han suscrito ante el próximo jefe del Gobierno, Mariano Rajoy.
No se ha hablado en la reunión, previa a un almuerzo de todos los barones con el propio Rajoy, de una idea que el PP lleva manejando desde hace meses: ampliar a diez años el plazo de devolución de los anticipos a cuenta que las comunidades adeudan al Estado según los ejercicios del 2008 y 2009.
Las cuentas reales
Arenas ha destacado que dicha cuestión necesita que antes se conozcan las cifras reales de las cuentas públicas, y una vez sabido el dato entonces Rajoy, con la mejor voluntad, abordará la posibilidad de ampliar este plazo y relajar las tensiones de liquidez que en la actualidad sufren las comunidades.
Horas antes, El coordinador de Política Autonómica y Local del Partido Popular, Juan Manuel Moreno, anunció que el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy tiene previsto ampliar "en torno a 10 años" el plazo para la devolución de la deuda que las Comunidades Autónomas mantienen con el Estado por los adelantos que este les hizo en el 2008 y el 2009, tal y como solicitaron en julio ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
"Como ahora no hay Tesorería y las Comunidades Autónomas necesitan Tesorería, vamos a hacer un plazo en esas devoluciones que puede estar en torno a los 10 años para que lo devuelvan al conjunto de la Administración General del Estado", avanzó en una entrevista en TVE.
Evitar el colapso
En este sentido, señaló que una de las prioridades del nuevo Ejecutivo será "intentar flexibilizar al máximo toda la situación financiera que tienen las Administraciones Públicas, tanto las autonómicas como las locales, para evitar un colapso".
"Si no, nos veremos abocados a un colapso financiero de las Administraciones Públicas con lo que ello conlleva de repercusión directa al conjunto los ciudadanos", advirtió, para reiterar que se trata de un problema "brutal" para las autonomías.
El dinero de más que el Estado les pagó a las autonomías en el 2008 y el 2009 previendo unos ingresos que luego no se produjeron es, según estimó Economía y Hacienda, de 23.000 millones de euros.
