El colectivo de presos de la banda terrorista ETA mantiene una apuesta "clara y firme por una solución democrática", que debe basarse en la "territorialidad y el derecho de autodeterminación". En un comunicado publicado ayer por el diario Gara , los reclusos denuncian la reciente muerte en prisión de sus compañeros Igor Angulo y Roberto Sainz, así como las decisiones tomadas por los tribunales sobre el cumplimiento íntegro de las penas.

Los presos afirman haber hecho "una apuesta clara y firme por una solución democrática" y que la mantienen con "mayor fuerza" por la memoria de los dos fallecidos. "Aunque nos lo hagan pagar con la cadena perpetua, e incluso con la muerte", agregan en el comunicado.

REPROCHES DE LAS VICTIMAS Pese a que Angulo y Sainz fallecieron por causas naturales --el primero se suicidó en la cárcel de Cuenca y el segundo sufrió un infarto en la prisión de Aranjuez--, el colectivo de presos cree que estas muertes fueron debidas a "una política penitenciaria criminal". Los gobiernos, dicen, siguen basando su política carcelaria "en clave de guerra, de masacre, de muerte política", cuyo objetivo es "condicionar la lucha vasca de liberación".

Por su parte, tres asociaciones contrarias al diálogo con ETA replicaron ayer al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que, en una entrevista en El País , calificó de "grave" la decisión del juez Fernando Grande-Marlaska de encarcelar a dirigentes de Batasuna sin el apoyo del fiscal y sólo con las argumentaciones de los colectivos de víctimas. Francisco José Alcaraz, presidente de la AVT, denunció que "hay una voluntad por parte de la justicia de hacer el juego político a Batasuna-ETA".

El presidente de la asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero, advirtió al fiscal general de que las acusaciones particulares "no se cruzarán de brazos" por el hecho de que ETA decrete una tregua y que seguirán dando argumentos a los jueces "para dictar prisión incondicional" contra los etarras. Mikel Buesa, presidente del Foro Ermua, acusó a Conde-Pumpido de intentar instaurar una "dictadura" de los fiscales y del Gobierno.

En cambio, el dirigente del PSOE Diego López Garrido dijo que Conde-Pumpido "se rige por los principios de imparcialidad y de legalidad", e insistió en que "representa el interés general, no el de las partes".