En medio de una fuerte presión política y judicial por el 'caso Bárcenas', el Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes al plan de regeneracion democrática anunciado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el debate del estado de la nación. Se trata de un informe con 40 medidas, que modificarán 10 leyes, y que el Ejecutivo quiere negociar con la oposición para incorporar sus sugerencias. El documento recoge medidas para potenciar el control sobre las actividades de los partidos políticos y propuestas que afectan a los cargos públicos. Entre estas últimas, el Gobierno propone que los presupuestos de todas las administraciones recojan las retribuciones de sus máximos representantes.
Los presupuestos generales del Estado ya incluyen los salarios del presidente, los ministros y los secretarios de Estado y el Ejecutivo quiere ahora generalizar esta práctica en todas las administraciones. La vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, no ha aclarado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros si esta medida afectará tambien a los partidos políticos.
En cualquier caso, el Gobierno propone regular mejor los llamados "gastos de representación", de forma que la ley recoja explícitamente aquellos desembolsos que se pueden atribuir a esta partida y obligue al cargo público a presentar "siempre" justificante. Cabe recordar que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, acusa a Rajoy y varios dirigentes del PP de haber recibido dinero negro procedente de donaciones ilegales. En este contexto, el Gobierno busca ahora dar transparencia a las retribuciones de todos los políticos. La vicepresidenta ha querido desligar, no obstante, la aprobación del paquete legislativo de los "casos concretos".
La legislación aprobada prohibirá también que los representantes públicos usen tarjetas de crédito. "En el Gobierno nadie tiene tarjetas, pero para que no quede duda, se prohibirá por ley", ha asegurado la vicepresidenta.
El objetivo último, ha afirmado la número dos del Gobierno, es "dar transparencia y tranquilidad" a la ciudadanía sobre el trabajo y las retribuciones de sus representantes, así como sobre la labor y la financiación de los partidos políticos. Asimismo busca que todos los políticos conozcan con claridad "cuáles son sus derechos y obligaciones".
En este sentido, el plan reconoce como delito la financiación ilegal de los partidos políticos y exige a los tesoreros de todos los partidos a comparecer anualmente en el parlamento.
