Las dos asociaciones judiciales mayoritarias, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Francisco de Vitoria, son muy críticas con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial presentada este martes por los grupos que forman el Gobierno en el Congreso. En su opinión, aleja a España de los parámetros europeos de independencia judicial y nos acerca a países como Polonia o Hungría, en los que gobierna la ultraderecha y que han recibido distintas advertencias de los tribunales e instituciones europeos.
Solo Jueces para la Democracia se muestra cauta en sus críticas respecto a la reforma. Su portavoz, Ascensión Martín, explica que "su posición es la renovación en plazo del CGPJ" y las demás instituciones con mandato caducado, como el Tribunal Constitucional", "con la ley actual". Añade que "hasta cuándo se tiene que esperar al que no se sienta en la negociación". A su juicio, los "políticos estén para solucionar los problemas de los ciudadanos y no para crearlos, en un momento como el actual, de pandemia".
María Jesús del Barco, de la APM, recuerda que entre las recomendaciones que el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) remite a España siempre figura el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha expresado en un sentido similar en sus resoluciones. "En tiempos de Franco estaría de lujo" que el Ministerio de Justicia asuma las competencias del Consejo, mientras este esté en funciones, señala Del Barco, que considera más propio de países como Hungría o Polonía que el Gobierno pase a ejercerlas, como se ha barajado por el Ejecutivo.
Finalmente, la proposición de ley presentada por PSOE y Unidas Podemos limita las funciones del órgano de gobierno de los jueces cuando su mandato se haya caducado, al prohibirle realizar nombramientos, pero mantiene el resto, sin traspasarlas al Ejecutivo.
Con dudas de inconstitucionalidad
La portavoz de la asociación conservadora denuncia que "pretender romper el bloqueo constitucional", que impide la renovación en plazo de ciertos órganos, "a través de una reforma con serias dudas de inconstitucionalidad es muy peligroso". Se basa para esta afirmación en la sentencia del Tribunal Constitucional de 1986 que avaló que los vocales fueran elegidos por las Cortes, siempre y cuando se mantuviera la mayoría de tres quintos, que forzaba el consenso entre los grupos parlamentarios, lo que para el tribunal de garantías conjuraba el riesgo de politización que la reforma podía conllevar. La reforma del Gobierno prevé hacerlo por mayoría, algo que permitiría decidir la composición íntegra del órgano de Gobierno de los jueces por un solo partido si este hubiera obtenido mayoría absoluta como ha ocurrido en el pasado tanto por el PSOE como por el PP.
Por su parte, Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la segunda asociación en cuanto a número de asociados, la Francisco de Vitoria, califica la reforma del Gobierno de "auténtico despropósito", porque se dirige en dirección contraria a la indicada por los organismos internacionales. "Establece un vínculo más fuerte con los políticos", por lo que se acrecentaría el problema actual, que es de "apariencia de politización", señala, en vez de solucionarlo. Recuerda que las competencias del órgano de gobierno de los jueces no se limitan solo a nombramientos de altos cargos judiciales, sino también son disciplinarios, de traslados o ascensos.
