La jueza instructora del caso Astapa contra la corrupción urbanística decretó ayer prisión provisional comunicada y sin fianza para el alcalde de Estepona (Málaga), el socialista Antonio Barrientos. Tras casi ocho horas declarando ante la magistrada Isabel Conejo, Barrientos salía de los juzgados, saludaba y lanzaba besos al centenar de personas que se encontraban a las puertas mientras recibía aplausos de algunos y abucheos de otros. Al alcalde se le imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos y blanqueo de capitales.
Según fuentes de su defensa, el regidor presentó ayer su dimisión irrevocable en un escrito dirigido al pleno municipal que firmó antes de comenzar su comparecencia y que sus abogados registrarán en el ayuntamiento a lo largo del día de hoy. En el escrito, además, Barrientos pide que se respete su derecho a la presunción de inocencia.
Los mismos cargos se imputan a su jefe de gabinete, José Flores, que ingresará también en prisión, al igual que el exconcejal de Hacienda del Partido Estepona (PES, antiguo GIL) Manuel Reina, al que se atribuye también un presunto delito de fraude. Reina fue delegado municipal de Economía y Hacienda y consejero delegado de todas las empresas municipales del ayuntamiento entre el 2003 y el 2007.
La jueza decretó libertad provisional bajo fianza para los otros dos detenidos que testificaron ayer. Una fianza de 300.000 euros para el abogado y militante socialista Juan Simón, imputado por cohecho, tráfico de influencias y blanqueo. El concejal socialista de Economía y portavoz municipal, Francisco Zamorano, tendrá que pagar una fianza de 50.000 euros por cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios. Ambos deberán comparecer el 1 y 15 de cada mes.
En total son 26 los detenidos en la operación Astapa. La jueza ha dictado cinco órdenes de prisión, ha dejado a 18 personas en libertad provisional con fianzas de entre 15.000 y 500.000 euros y tres han quedado en libertad sin fianza y con cargos.
Mientras, ayer IU y PNV propusieron tomar "medidas preventivas" contra los casos de corrupción urbanística. Concretamente, el PNV planteó crear en el Congreso una comisión de carácter "no permanente" que recopile información sobre este tipo de delitos.
