Más allá del coste de los pufos de sus mandatos y que los valencianos aún tienen que pagar, el expresidente de la Generalitat Francisco Camps le cuesta a las arcas públicas unos 140.000 euros al año y, en principio, será así hasta el 2026. Pero ayer, tras aceptar los populares valencianos (PPCV) la modificación del orden del día del pleno, las Cortes valencianas debatirán una proposición no de ley de Compromís para forzar su renuncia a los privilegios de que disfruta como expresidente de la comunidad.

Tal y como recopiló la web sueldospúblicos.com, Camps recibe unos 58.000 euros brutos anuales como miembro del Consejo Jurídico Consultivo (CJC), a los que hay que añadir el sueldo de su secretaria personal (48.000 euros brutos), y el de su chófer (34.000 euros). Tras sus dos legislaturas al frente del Gobierno valenciano, el exdirigente popular tiene derecho a formar parte del CJC durante 15 años, y también al personal a su servicio, que elige él mismo. Esos privilegios emanan del estatuto de expresidentes de la Generalitat Valenciana, que se creó en el 2002 y se reformó en el 2009. De hecho, aún podría tener a un segundo asesor en nómina.

La propuesta de Compromís, al que el PP valenciano ha presentado una enmienda, pide que una mayoría amplia del Parlamento autonómico pueda retirarle a Camps el tratamiento de expresidente y los privilegios que este conlleva, incluido el título de molt honorable. También plantea dejar sin privilegios a aquellos que, como Camps, «decidieron servirse y servir a su partido corruptamente en lugar de servir a la sociedad valenciana», según explicó Fran Ferri, portavoz de la formación. Se trataría de una «causa de indignidad», apuntó.

El PP ha aceptado el debate, pero todavía no está claro el sentido de su voto. Camps siguió pasando durante varios meses, según ha desvelado el diario Levante-EMV, facturas a Presidencia tras su dimisión, en julio del 2011.

Según las pruebas aportadas por el diario, Camps pasó, entre otros, un gasto de 265 euros en septiembre del 2011 por gastos de restauración. En enero del 2012, otra de 640 por un genérico «desplazamiento del expresidente» a Madrid. Ese mismo mes, se le devolvieron 145 euros por una factura en un restaurante que incluía jamón de Jabugo, merluza y rebujito. Un mes más tarde, las arcas públicas le pagaron 157 euros por un viaje a Sevilla.

Francisco Camps forma parte del CJC, el órgano consultivo «supremo» del Consejo y de las administraciones autonómicas y municipales valencianas, desde agosto del 2010. En su sede también tiene el despacho que le corresponde como expresidente.

Más casos

El exdirigente popular valenciano divide su tiempo ahora entre sus plenos y la preparación de su defensa en el caso Valmor, el de la llegada de la Fórmula 1 a Valencia, en el que sí está investigado. De hecho, debería haber declarado ayer ante la jueza encargada del caso, pero la cita finalmente se aplazó al no haber tenido las defensas acceso a toda la documentación.