Una vez dictada la sentencia del procés, era cuestión de tiempo que el Tribunal Constitucional retomara la deliberación y fallo de los recursos que fue admitiendo a trámite en relación con los hechos de otoño del 2017. Ante el riesgo de división entre sus magistrados, decidió aplazarlos para interferir lo menos posible en la sentencia; mes y medio después de conocerla, ya no hay motivo alguno para seguir sin resolverlos.
Por eso, el pleno de esta semana, que por cuestiones de agenda se celebrará mañana y el jueves, tiene previsto abordar al menos dos de las impugnaciones interpuestas por Oriol Junqueras, condenado a 13 años: la que presentó contra su prisión preventiva y la relativa a la negativa del juez instructor de la causa, Pablo Llarena, de permitirle abandonar la cárcel para ir al Parlament a la sesión constitutiva.
Es fácil que las propuestas de resolución que llevarán a la reunión los ponentes no se puedan aprobar con la unanimidad que ha caracterizado hasta ahora las resoluciones sobre el proceso independentista. Sobre todo la referida al permiso para acudir a la Cámara catalana, en la que Juan Antonio Xiol defiende dar la razón al político catalán, una decisión que no se prevé que cuente con el apoyo de los 12 magistrados del TC. El ponente del recurso contra la prisión preventiva del líder de ERC es el presidente del Constitucional, Juan José González Rivas, partidario de confirmar las resoluciones impugnadas.
Pese a que el escenario ideal y deseable para cualquier resolución es que se obtenga por unanimidad, no es algo tan habitual en el día a día judicial. En el propio Constitucional ya se rompió con Cataluña en julio. Los magistrados discreparon al resolver un recurso de Jordi Sànchez contra la sanción penitenciaria que le habían impuesto y tres de ellos acusaron al resto de eludir su propia jurisprudencia para no concederle el amparo. Al final se recondujo la situación, al retractarse los discrepantes en el siguiente pleno.
