El juez Baltasar Garzón procesó ayer a 13 miembros de Democracia 3 Millones (D3M) y Askatasuna por haber cedido sus marcas para que ETA mantuviera su presencia en las elecciones vascas celebradas el pasado mes de marzo. El magistrado deja fuera del proceso a otras 12 personas: 10 por falta de pruebas, una por haber sido ya condenada y otra por estar procesada en otro sumario. La Fiscalía de la Audiencia Nacional reclamó al juez esta medida después de que el Tribunal Supremo anulara estas candidaturas en febrero.

El magistrado explica en una resolución de 122 páginas que desde que en el 2002 fue ilegalizada Batasuna, el brazo político de la banda, ETA decidió "que la confrontación con las actuaciones del Estado y sus instituciones" se llevaría a cabo "por medio de una estrategia que suponía la creación de marcas políticas sucesivas", unas en "activo" y otras en "hibernación". En esta estrategia se encontraban D3M y Askatasuna para que el complejo terrorista "estuviera presente en las instituciones democráticas" y acumulara "fuerzas" junto al uso de la violencia para "lograr sus fines", según Garzón. A nueve de los procesados les imputa integración en organización terrorista porque prestaron su consentimiento para que ETA "asumiera las decisiones del partido político".

El juez explica que la acción política de la izquierda abertzale y la violencia terrorista de ETA son "dos instrumentos paralelos, complementarios e interrelacionados para conseguir fines políticos". Con esta estrategia, la banda armada --según el juez-- evita "desviaciones de la base social hacia opciones soberanistas, pero ajenas al proceso de construcción nacional, que abogue solo por la acción política". Por contra, ETA se complementa con su brazo político tras haber optado por "preparar con gran precisión, selección y discriminación las acciones con gran cantidad de explosivos", según un documento intervenido a la banda.