El hallazgo de ácido bórico, una sustancia que según todos los indicios sirve sobre todo para matar cucarachas, en las casas de un etarra (2001) y de un islamista (2004) y la posterior gestión de un informe pericial que relacionaba a ETA con el 11-M hará que la cúpula de la policía científica finalmente se siente en el banquillo acusada de falsedad documental y/o falso testimonio, y un delito de encubrimiento para uno de ellos. La jueza, Gemma Gallego, concluyó ayer una instrucción extraordinariamente veloz y decidió procesar a los cuatro jefes de los tres peritos que hicieron el informe.
Este nuevo paso pone en evidencia aún más que en el proceso judicial es fundamental el magistrado que instruye el caso. Así, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, a quien algunas voces sitúan como próximo a las posiciones del Gobierno y que en primer lugar se ocupó de la investigación, consideró que los culpables de un delito de falsedad documental eran los peritos y no sus superiores.
El juez sorprendió a todos con esta imputación, después de que El Mundo publicara que el Ministerio del Interior falsificó el documento para ocultar la relación entre ETA y el 11-M. Garzón se basaba en que los peritos recuperaron en julio del 2006 un informe que habían realizado en marzo del 2005 --incluyendo las observaciones sobre los vínculos entre el 11-M y ETA que uno de sus superiores había eliminado--, con la intención de producir "efecto oficial" en un documento que nunca lo fue. Además, lo enviaron a El Mundo para "desacreditar", según Garzón, el sumario del 11-M.
GARZON SE INHIBE Tras diversas presiones, el juez se inhibió en favor de Gallego, quien la semana pasada anuló la imputación de los peritos al considerar que no alteraron ningún elemento esencial del informe. La magistrada, que es candidata de una asociación de juristas próxima al PP para ocupar una plaza en el Consejo General del Poder Judicial, acordó ayer transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado, paso previo al juicio oral, y dio 10 días a las acusaciones y al fiscal para que formulen cargos o pidan el sobreseimiento de la causa.
En su auto, Gallego no menciona la actuación de los peritos en junio y, por contra, considera que hay indicios de que el comisario de la policía científica, Miguel Angel Santano; su número dos, Pedro Mélida; el jefe del laboratorio químico, Francisco Ramírez, y el jefe de análisis de la policía, José Andradas, cometieron los delitos de falsedad documental y/o falso testimonio cuando eliminaron las observaciones de los peritos.
La jueza señala que los tres primeros consideraron que era un "inconveniente" que las observaciones de los peritos constaran, y que por ello Ramírez les pidió que las eliminaran. Como no quisieron, Ramírez se atribuyó "la práctica de las técnicas analíticas, eliminando la mención de los peritos autores del informe" y las "observaciones" de los mismos. Después, Andradas envió el texto a la Audiencia. La jueza considera que el jefe de todos ellos, Santano, pudo cometer delito de encubrimiento.
