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LA GESTIÓN DEL EJECUTIVO

Promesas en saco roto

Las oenegés critican que el discurso inicial del Gobierno español no haya supuesto un giro real en las políticas sobre los migrantes

 

MIRIAM RUIZ CASTRO
23/08/2019

Apenas había cumplido 10 días al frente del Gobierno cuando Pedro Sánchez dio orden de acoger al Aquarius, con más de 600 personas abandonadas a su suerte en el Mediterráneo, y ofrecerles el puerto de Valencia «por razones humanitarias». Fue una decisión personal del presidente, que quería dar un giro a la política migratoria de su predecesor, Mariano Rajoy, y liderar una respuesta solidaria frente al discurso xenófobo que empezaba a imponerse en Europa.

Han pasado 14 meses y ahora es otro barco, el Open Arms, con más de un centenar de personas a bordo, el que ha llamado a las puertas de la Unión Europea (UE). Y el Gobierno de Sánchez ha tardado 17 días -de continua presión de la opinión pública- en darle respuesta.

Antes hubo otros barcos, como el pesquero Nuestra Madre Loreto, que había rescatado a una docena de personas y al que el Gobierno negó un puerto. También hubo acuerdos con Marruecos que permiten las devoluciones en caliente condenadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como denuncian las oenegés, y hasta cierta dejación de funciones de España en su área de rescate para que sea la Armada marroquí la que actúe en el mar, como denuncia el sindicato mayoritario del personal de Salvamento Marítimo. Y una promesa que ha caído en saco roto: la de retirar las concertinas que rajan la piel de quienes tratan de superar el perímetro fronterizo español.

«Por desgracia, nunca se han notado demasiado los cambios de Gobierno en materia de migración», lamenta el portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Carlos Arce. «Hay diferencia en el discurso, y esto es importante; pero de momento las políticas han sido muy similares», afirma. E incluso hay retrocesos. «Salvamento Marítimo siempre ha priorizado el rescate sobre el control migratorio, también con el PP, pero los propios trabajadores denuncian ahora que ha cambiado la prioridad», indica Arce.

El balance que hace la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) está en la misma línea: meses después de esos «importantes gestos iniciales» con la acogida del Aquarius, el Gobierno «ha puesto obstáculos a barcos de oenegés que han impedido su labor de rescate en el Mediterráneo durante meses», ha impuesto visados de tránsito a personas de origen palestino o camerunés y han continuado con las «devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla», a las que se han añadido las «devoluciones exprés».

Hace un año, el Gobierno resucitó un acuerdo con Marruecos de 1992 y que permitió al reino alauita readmitir a las 116 personas que 24 horas antes habían saltado la valla de Ceuta. El Ejecutivo negó que se tratara de una devolución en caliente, como denunciaron hasta 48 entidades proderechos humanos.

Los migrantes llegados a España por vía terrestre y marítima se han reducido en un 39% en lo que va de año con respecto al año anterior y el Gobierno socialista lo achaca en parte a las buenas relaciones con Rabat. En opinión de Arce, lo que se ha hecho es «externalizar el control migratorio» dejándolo en manos de países «que no cumplen los estándares mínimos de protección de los derechos humanos». Como Marruecos.

«España no puede convertirse en el salvamento marítimo de toda Europa». Así respondía el titular de Fomento, José Luis Ábalos, pocos días después de haber acogido al Aquarius, cuando fue otro barco, el alemán Lifeline, el que buscaba un puerto seguro. Y en enero de este mismo año, el Gobierno bloqueó a dos barcos de rescate, el Open Arms y el Aita Mari, en dos puertos españoles. Hasta 100 días estuvieron varados mientras las muertes se sucedían en el Mediterráneo.

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