Si la realidad se midiera por Twitter, la magistrada Carmen Lamela habría pasado de heroína a villana durante la tarde del pasado 16 de octubre, día en que envió a prisión a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, máximos responsables de las organizaciones civiles independentistas, por sedición. O de roja peligrosa a reaccionaria agradecida por haber sido condecorada por el Ministerio del Interior, pese a que se trata de una distinción con la que cuentan prácticamente todos los jueces de la Audiencia Nacional.

Aquella tarde, con tres horas de diferencia, Lamela dejó en libertad con comparecencias quincenales al recién depuesto mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, pese a que el fiscal pedía prisión para él, y encarceló a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural. Y los que en un momento la aplaudían pasaron a criticarla, por no decir insultarla, y viceversa. Iras y loas que se acentuaron ayer tras enviar a la cárcel a la mayor parte del Gobierno cesado.

Pero la realidad no es Twitter y no solo hay blancos y negros. Cuando Lamela (56 años) llegó en octubre de 2015 al Juzgado Central de Instrucción número 3 -cuyo titular estaba en París-, se la calificó de progresista por haber desempeñado un puesto técnico en el Ministerio de Justicia durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, el caso más mediático al que se había enfrentado hasta ahora, el de la agresión de cuatro jóvenes a dos guardias civiles en Alsasua, que se juzgará por terrorismo, parece casar mal con esa etiqueta. Lamela, además, no pertenece a ninguna de las asociaciones judiciales.

Confundida con Espejel

Sí fue bastante elocuente que ni los vocales nombrados a propuesta del PP, ni los designados por el PSOE la apoyaran cuando se postuló para presidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a la que los primeros auparon a Concepción Espejel, con la que muchos en las redes sociales la confundieron este lunes para insultarla.

Muy trabajadora, a Lamela se la considera una jueza vocacional que instruye con una rapidez inusual en la Audiencia: el caso Abengoa, que investiga las indemnizaciones millonarias que cobraron los directivos de esta multinacional energética cuando la bancarrota era inminente, se inició en el 2016 y ya está siendo juzgado. Y la agresión de Alsasua espera señalamiento. Tras hacerse cargo de esta causa se le entregó la Cruz de Plata del Mérito de la Guardia Civil.

El 28 de septiembre adquirió la titularidad del juzgado al renunciar al puesto Javier Gómez Bermúdez. Esa misma semana le correspondió la denuncia fiscal por sedición que le dio un protagonismo que quienes la conocen saben que detesta.

Otros casos importantes que han pasado por la mesa de Lamela son el caso Bancaja, por unos créditos supuestamente irregulares de 520 millones de euros, y la investigación contra el expresidente del Barça Sandro Rosell, que aún está en prisión preventiva por el presunto blanqueo de comisiones ilícitas.

La magistrada es hermana de la interventora general del Estado, María Luisa Lamela, en el puesto desde el 2016 tras haber ocupado varios altos cargos de la Administración estatal. Antes fue jefe de gabinete del socialista Joaquín Almunia en su etapa como comisario europeo.