Decenas de etarras veteranos, muchos de ellos encarcelados en los años 80 y con condenas centenarias por varios asesinatos, saldrán en libertad en los próximos meses al cumplir el periodo máximo de estancia en prisión que fija la ley. Pese a ser un mero dato estadístico, fruto de la aplicación del Código Penal de la época, este rosario de futuras excarcelaciones desencadenó ayer otra monumental bronca entre el Gobierno y el PP, que vinculó las liberaciones a la disposición de José Luis Rodríguez Zapatero a dialogar con ETA cuando deje las armas.
La mecha de la polémica se encendió tras aceptar la fiscalía del Tribunal Supremo que, tras dos décadas en prisión, el etarra Henri Parot --condenado a más de 4.000 años de cárcel por 82 asesinatos-- recobre la libertad entre el 2009 y el 2011 merced a la redención de penas establecida en el Código Penal vigente cuando fue detenido.
Pero ni la promesa del ministro Juan Fernando López Aguilar de "construir imputaciones" nuevas que mantengan a Parot en prisión, ni la apertura de una nueva causa contra el etarra en la Audiencia Nacional, aplacaron el PP. Aún menos tras confirmarse que en una situación penal similar a la de Parot se encuentran, entre otros, Domingo Troitiño --1.588 años de pena-- y José Antonio López Ruiz, Kubati --1.200 años--, que este mismo año podrían salir a la calle.
Ante los ataques del PP, cuyo presidente, Mariano Rajoy, describió el martes estas excarcelaciones como "una cesión más a ETA" y ayer como una "vergüenza", López Aguilar garantizó que el Gobierno hará "cuanto esté en su mano" para evitar la "excarcelación prematura" de miembros de ETA, pero siembre "dentro de los límites que fija la ley".
ACTITUD "INFAME" El titular de Justicia, que comparecerá en el Congreso para aclarar el asunto, calificó de "infame, ignominiosa, demagógica y execrable" la actitud del PP, y recordó que bajo los gobiernos de José María Aznar fueron liberados 311 etarras, 64 de los cuales tenían condenas "monstruosas por crímenes horrendos". Entre ellos, José Ramón Artola (327 años de condena), Juan José Larrinaga (221 años) y Félix Bengoa (134).
Ajenos a estos argumentos, Eduardo Zaplana y Angel Acebes cargaron contra el Gobierno. Zaplana denunció que las decisiones del Ejecutivo y de instituciones bajo su "influencia", como la fiscalía, "tienden a comprender a los terroristas y a favorecer" su situación penal. Una "espiral muy peligrosa" que tildó de "pago por adelantado" a ETA para arrancar una tregua.
Acebes culpó al Gobierno de "ceder" ante ETA con "la depuración en toda regla" del fiscal dimisionario Eduardo Fungairiño, "pilar" de la lucha antiterrorista. La vicepresidenta, Teresa Fernández De la Vega, recordó que, con Acebes como ministro de Interior, 49 etarras salieron libres.
