El PSOE y Unidas Podemos apuntaron ayer a Pablo Casado por la corrupción del Partido Popular (PP) durante la época en la que Mariano Rajoy era presidente del Gobierno y estaba al frente de la formación conservadora. Entre el 2013 y el 2015, el Ejecutivo gastó 500.000 euros de dinero público, provenientes de los fondos reservados, para proteger al PP en el caso de su caja b, según la Cadena Ser, que accedió a información clasificada.

Los documentos, informó la emisora, reflejan que el Ministerio del Interior, dirigido entonces por Jorge Fernández Díaz, empleó dicha cantidad para espiar a Luis Bárcenas, extesorero del PP, y recuperar y destruir pruebas en contra del partido.

Con el medio millón de euros, según los investigadores, se sobornó al exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos, para que colocara cámaras espía y micrófonos en la residencia del antiguo tesorero. También se llevaron a cabo seguimientos a su familia y a su empleada de hogar, e incluso se pagó al falso cura que secuestró a punta de pistola a la esposa y al hijo de Bárcenas.

La documentación también acredita que el destino de esos fondos fue aprobado por el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, imputado en la llamada Operación Kitchen. «Es radicalmente falso», dijo poco después Martínez a través de un comunicado.

Supuestamente, añade la Ser, solo el poder político y un pequeño grupo de agentes, liderados por el exdirector Adjunto Operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, estaba al corriente de las verdaderas intenciones del amplio dispositivo desplegado para esta operación.

LA AUDIENCIA NACIONAL / La mayoría eran «operativos ciegos» que en realidad creían que estaban auxiliando al juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que investigaba la causa, según policías que participaron en aquel dispositivo y que prefieren conservar el anonimato.

Pero el PSOE cree que el PP debe dar explicaciones en el Congreso. Empezando por Casado, que en el 2015 era vicesecretario general de los conservadores. «Hubo un Gobierno de España que usaba fondos reservados para sobornos, espionaje y delitos más graves. Es un día triste para la democracia española. El Gobierno va a colaborar con la Justicia, como no podía ser de otra manera. Voy a llamar a los portavoces del resto de grupos para que el PP asuma responsabilidades en el Congreso», dijo Adriana Lastra, portavoz parlamentaria de los socialistas. Desde Podemos, Pablo Echenique, homólogo de Lastra en el Congreso, fue en la misma dirección. «Este es un caso de corrupción en su forma más grave», argumentó Echenique, ya que no solo se usó dinero público, sino fondos reservados destinados a la seguridad nacional.

El PP respondió atacando al PSOE. Fuentes de la dirección conservadora señalaron que los socialistas deben «mirar a su propio partido antes de hablar de otros». Los populares pusieron como ejemplos la reunión, el próximo jueves, de Pedro Sánchez con el «inhabilitado» Quim Torra y el «mayor escándalo de corrupción de Europa», en referencia al caso de los ERE.