El Gobierno se enfrenta hoy a la prueba de estabilidad parlamentaria más importante desde que se inició el nuevo escenario político tras las elecciones vascas y gallegas. El Ejecutivo podría verse obligado a tramitar como proyecto de ley el real decreto-ley de medidas urgentes de fomento del empleo. En el peor de los casos, podría ver cómo la oposición rechaza el decreto.
El plan del Ejecutivo incluye medidas de fomento del contrato a tiempo parcial, aumento de la prestación de paro en casos de expedientes de regulación de empleo y aplazamientos de pagos a la Seguridad Social para empresas en dificultades.
Esta vez las dificultades del Gobierno son dobles. Por un lado, partidos como IU e ICV se oponen a convalidar, es decir, a aprobar, las medidas concretas del decreto-ley por considerar que son contraproducentes. Por otro lado, es probable que partidos como el PP, CiU y PNV quieran forzar al Gobierno a tramitar el decreto como proyecto de ley. Eso significaría que, aunque entrasen en vigor sus contenidos, estos estarían sujetos a posibles cambios tras un largo proceso parlamentario de negociación en el Congreso. En este caso, los socialistas posiblemente contarán con el apoyo de las fuerzas de izquierdas, que recelan de los cambios que CiU y PP puedan plantear con claros propósitos liberalizadores.
