El PSOE presentó ayer una querella contra el número dos del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, al que acusa de "haber intervenido en la organización de la operación" que culminó con la traición de dos diputados socialistas de la Asamblea de Madrid. En la demanda, por un presunto delito continuado de cohecho, también se imputa a los tránsfugas, para los que se pide prisión provisional; al mentor político de ambos, José Luis Balbás, y a los empresarios de la construcción Francisco Vázquez y Francisco Bravo, sobrino del anterior.
La denuncia fue presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En ella, el PSOE pide a los jueces que ordenen que las actas de los diputados traidores, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, pasen provisionalmente a manos de dos candidatos siguientes de la lista socialista, lo que devolvería al bloque PSOE-IU la mayoría perdida en el Parlamento regional madrileño.
NUEVO DELITO
Los miembros de la dirección del PSOE Juan Fernando López Aguilar y Diego López Garrido argumentaron ayer en conferencia de prensa que su petición de suspensión provisional de la condición de diputados de los tránsfugas pretende evitar la consumación de un nuevo delito de cohecho continuado, así como la destrucción de pruebas.
Se trata de impedir el "acto injusto", dijeron los dirigentes del PSOE, que realizarían los traidores al obstaculizar con su voto o su ausencia que el candidato socialista sea elegido presidente del Gobierno regional de Madrid, subvirtiendo la voluntad de los madrileños. Aguilar y Garrido expresaron su deseo de que la justicia actúe con la máxima rapidez dada la urgencia del caso.
López Aguilar admitió que no hay precedentes de una petición similar sobre los escaños, aunque sostuvo que entra plenamente en la jurisprudencia constitucional. Lo que sí ha existido, precisó, es que la adjudicación definitiva de un cargo de elección esté pendiente de la decisión judicial cuando se ha planteado un contencioso electoral. Además, los tránsfugas aún no han adquirido la condición plena de diputados de la Asamblea de Madrid.
La querella sostiene que los diputados traidores actuaron de "forma premeditada" al ausentarse de la votación del Parlamento autonómico. La demanda mantiene que detrás de esa operación está el constructor Francisco Bravo, que reservó las dos habitaciones de hotel en las que se refugiaron inicialmente los diputados traidores. Bravo y su tío, afirma la denuncia, mantienen "relaciones económicas en el ámbito inmobiliario y en determinados municipios" con Tamayo y Balbás.
La querella relata que la relación de los socialistas denunciados con los citados constructores comenzó en 1997 en la Junta de Compensación de Quitapesares (Villaviciosa de Odón). Y describe una operación política consistente en empadronar en bloque a más de 60 personas en esa localidad. Esa trama fue apadrinada por Bravo para que Romero de Tejada controlara el PP de ese municipio, según la denuncia.
Tamayo ha presentado una denuncia por "la presión, el acoso y las coacciones" a las que está sometido y prepara una querella contra dirigentes del PSOE.
