El PSOE exigirá la dimisión inmediata y apartará de sus filas a todos los cargos públicos sobre los que existan "indicios racionales" de criminalidad o meras "sospechas fundadas de irregularidades" en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, todo militante relacionado con casos de corrupción será excluido de las listas y apartado del partido.
La dirección del PSOE aprobó ayer este código de conducta para hacer frente a la corrupción en general, aunque con la vista puesta de manera particular en los delitos urbanísticos, que están centrando con creciente intensidad el debate político cara a las elecciones municipales del 2007. También aprobaron los socialistas un decálogo de medidas contra el desarrollo urbanístico "salvaje", que incluye actuaciones para garantizar la transparencia, el crecimiento ordenado y la lucha contra las recalificaciones indiscriminadas.
En rueda de prensa posterior a la reunión de la comisión permanente, el secretario de organización del partido, José Blanco, emplazó al PP a adoptar iguales medidas en favor de un urbanismo sano y limpio". El decálogo recoge, entre otros puntos, construir ciudades habitables, recuperar la función social de la vivienda, preservar el patrimonio natural y perseguir las recalificaciones indiscriminadas.
El número dos del PSOE subrayó que las autonomías tienen la "obligación" de permanecer "especialmente vigilantes" ante la corrupción urbanística y no "mirar hacia otro lado".
"EL VENTILADOR" Desde Lleida, Mariano Rajoy replicó que los problemas de corrupción afectan al PSOE, y sentenció que lo único que hay que hacer frente a las irregularidades es "aplicar la ley, y al que robe que lo metan en la cárcel", informa Pilar Santos. Angel Acebes, por su parte, acusó al PSOE de "poner en marcha el ventilador" para sugerir que todos los partidos "son iguales", y contrapuso la "honestidad" del Gobierno de José María Aznar a la "corrupción" de la época de Felipe González.
