El PSOE propondrá que los 25 años de Constitución, que se cumplen el próximo 6 de diciembre, sirvan para saldar, de una vez por todas, la deuda moral de la democracia con las víctimas del franquismo. Para ello, el Grupo Socialista ha presentado ya en el registro del Congreso una iniciativa para su discusión en la Comisión Constitucional de la Cámara baja, que emplaza al Gobierno de José María Aznar a presentar antes de seis meses un proyecto de ley que anule todos los procesos sumarios de la dictadura.

La intención del PSOE es que, coincidiendo con el 25º aniversario de la Carta Magna, se reconozca por ley que los 150.000 fusilados y las más de 500.000 personas privadas de libertad, como consecuencia de los procesos sumarísimos, fueron víctimas de fallos injustos, dictados por unos tribunales que eran ilegítimos, y que, en consecuencia, queden anuladas de forma automática todas las sentencias.

MAXIMO CONSENSO

La diputada Amparo Valcarce, firmante de la proposición, fechada simbólicamente el 18 de julio, explicó a este diario que el PSOE intentará buscar "un amplio consenso" entre las fuerzas políticas para que se admita que "el primer cuarto de siglo de la Constitución no se puede celebrar si no hay un reconocimiento moral de los daños causados a miles de ciudadanos" por la dictadura. El 20 de noviembre del año pasado, el PP condenó por primera vez el golpe militar del 18 de julio de 1936 al apoyar en el Congreso un texto que fue aprobado por unanimidad. Sin embargo, el partido de Aznar ha rechazado después cumplir en ayuntamientos como los de Toledo y Aranda de Duero (Burgos), uno de los puntos de la resolución, que instaba a la Administración local a cooperar en la localización de fosas comunes.

EL EJEMPLO ALEMAN

El PSOE quiere ahora que el consenso alcanzado en el Congreso para condenar el franquismo se extienda a la anulación de los fallos judiciales, siguiendo para ello el modelo alemán. En 1998, el Bundesrat (Senado) aprobó por unanimidad la ley de derogación de fallos injustos nacionalsocialistas, que anuló las sentencias dictadas entre 1933 y 1945 por los tribunales de la dictadura nazi por razones políticas, militares, de raza, religiosas o ideológicas. En el caso español, la proposición socialista defiende que se anulen las sentencias dictadas en aplicación de la ley de responsabilidades políticas de 1939, la ley de jurisdicción antimasónica y anticomunista de 1940, o las que fueron dictadas por el restablecido Tribunal de Honor o como consecuencia de la Causa General, un proceso informativo abierto a partir de ese año por el Ministerio Fiscal sobre "la dominación roja en España", y que supuso la apertura de consejos de guerra contra todo el que hubiera colaborado con la República o fuera sospechosa de haberlo hecho.

La iniciativa socialista califica de "sarcasmo" que los rebeldes contra la República condenaran por el delito de rebelión a quienes se mantuvieron fieles a las leyes y los principios constitucionales. Esas condenas injustas, señala el texto, "fueron actos cuyo caparazón pseudo-jurídico debe ser destruido (...) desde la legalidad democrática".

La proposición del PSOE también insta al Gobierno a facilitar el acceso de familiares y estudiosos a los sumarios de los represaliados de la guerra civil, depositados en archivos civiles y militares.