El PSOE e IU quieren que, en la lucha contra el terrorismo islamista, el Gobierno controle las mezquitas y que éstas puedan ser cerradas eventualmente. En las recomendaciones que han presentado a los demás grupos políticos, en la comisión parlamentaria que investiga el 11-M, consideran que es necesario establecer "un catálogo de causas para la disolución de agrupaciones religiosas o la suspensión de las actividades de las mismas". Esta recomendación responde a la constatación de que los terroristas han contado con la cobertura de algunos imanes.

Socialistas y ecosocialistas recuerdan que "el atentado del 11-M nació de radicales locales, no de activistas globales", y consideran "imprescindible" el aislamiento de los violentos. Además, se reclama la actualización del acuerdo entre el Estado y los representantes de la religión musulmana para que las ayudas económicas supongan "exigencias jurídicas y sociales para los responsables de esa religión en España".

En consecuencia, PSOE e IU reclaman que se evite "la proliferación de centros de culto sin control ni registro y de imanes próximos a posiciones violentas". El documento afirma que "es necesario desarrollar unidades de información especializadas en extremismo islámico" en localidades donde existen importantes núcleos de inmigración.

CONSEJO DE GARZON Todas estas medidas se enmarcan en una reforma "integral" de la estrategia antiterrorista, en vistas de que la lucha contra el terrorismo internacional es muy diferente a la lucha contra ETA. En ese punto, se siguen las recomendaciones del juez Baltasar Garzón.

En el texto también se reclama que España suscriba acuerdos de cooperación policial con países dispuestos a colaborar, especialmente EEUU y los del Magreb.