La aprobación de un nuevo sistema de financiación autonómica basado en la creación de "espacios fiscales propios" en las comunidades, la reforma a fondo del Senado, el estímulo a la actividad exterior de las autonomías y la culminación del proceso de reformas estatutarias forman parte de los grandes retos que se plantea José Luis Rodríguez Zapatero para consolidar su proyecto territorial. Así lo recoge el manifiesto autonómico del PSOE para los comicios del 27 de mayo, que mañana aprobará la ejecutiva federal del partido, en el que los socialistas mantienen la apuesta descentralizadora que impulsa el Gobierno socialista.
La justifica, entre otros motivos, en la necesidad de "serenar la situación de alta tensión" en que se hallaban las relaciones de las comunidades con el Gobierno de José María Aznar.
El PSOE identifica 11 puntos en los que, "al igual que los modelos federales", debe avanzar la España de las autonomías. La financiación se considera "pieza esencial" del engranaje. Según el documento, el próximo modelo de financiación, que ya ha comenzado a negociar Economía con los gobiernos autonómicos, dará un amplio margen a las comunidades para establecer su propio marco tributario.
LA PROMESA DE SOLBES El compromiso del vicepresidente económico, Pedro Solbes, es que antes del 2008 haya una propuesta de financiación del Gobierno. El objetivo es que los ciudadanos de todas las comunidades tengan acceso a un mismo "nivel mínimo" de prestaciones, que deberá definirse económicamente en su momento.
Respecto al Senado, se plantea abrir un diálogo con los demás partidos para modificar su "composición" y "funcionamiento", de modo que las autonomías puedan participar en las políticas estatales de infraestructuras, energéticas, económicas o medioambientales. En cuanto a las reformas estatutarias pendientes, el documento señala que se tramitarán sin "blindar" al Gobierno central, aunque "reafirmando sus competencias exclusivas" y su papel de garante de la solidaridad territorial.
El manifiesto defiende la legitimidad de las autonomías para desarrollar una "acción exterior". También reserva el documento un papel activo de las comunidades autónomas en la mejora del funcionamiento de la justicia, la gestión de la inmigración, el desarrollo de la ley de dependencia, la ordenación territorial, la lucha contra el cambio climático y la política del agua. En este último caso, les promete "determinadas funciones ejecutivas" en la gestión de las cuencas intercomunitarias y les anuncia, de pasada, una primera regla de juego: los trasvases entre cuencas solo deben plantearse "como última opción".
