El PSOE quiere que se multiplique por diez el presupuesto destinado al plan Prepara, la ayuda de 400 euros destinada a parados que han agotado todas sus prestaciones, hasta llegar a los 2.500 millones anuales, con los que podría darse cobertura a medio millón de desempleados cada mes.

Así consta en el documento "Ganarse el bienestar. Recuperar los valores del modelo social europeo", que servirá de base para el debate en la jornada monográfica sobre este asunto que el próximo domingo celebrarán los socialistas en Albacete.

Según han explicado hoy la secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, y los diputados Valeriano Gómez y José Martínez Olmos, es necesaria una política que haga frente a los riesgos de expansión de la pobreza y la exclusión social, a través del apoyo al desempleo de muy larga duración, con programas mixtos gestionados entre el Estado y las comunidades.

Gómez ha apostado por ampliar el plan Prepara de los seis meses actuales a los dieciocho meses, distribuidos en periodos de seis meses interrumpidos durante otros seis hasta un máximo de tres años.

Pese a que no se publican datos sobre el número de perceptores, Gómez ha asegurado que se han reducido en dos tercios el número de beneficiarios después de que se hayan endurecido los requisitos, por ejemplo al pasar a contabilizar los ingresos de toda la unidad familiar y no los individuales, como se hacía antes.

Hoy por hoy, de acuerdo con sus cálculos, sólo unas 70.000 personas reciben los 400 euros.

La propuesta del PSOE es regresar a las condiciones iniciales de exigencia para ampliar el número de beneficiarios hasta los 500.000, lo que significaría un desembolso anual de unos 2.500 millones, cuando su presupuesto actual no alcanza los 300 millones.

Además, aboga por extenderlo a todos los desempleados con experiencia laboral previa, sin necesidad de que el agotamiento de las prestaciones se haya producido inmediatamente antes de la solicitud de esta ayuda.

Junto a esta propuesta los socialistas han incluido en el documento otras encaminadas a evitar que el Estado del bienestar acabe desmantelado por la crisis.

Por ejemplo, apuestan por la ley de dependencia porque el envejecimiento de la población obligará a tenerla en cuenta "sí o sí", ha dicho Jiménez, quien ha recordado que en el momento de mayor gasto por este concepto, en 2010, el desembolso fue de 6.000 millones, con los que se atendían a 850.000 personas.

Eso supone un reflejo del 0,5 por ciento del PIB, cuando en los países del entorno el gasto por este mismo capítulo es del 1,7 por ciento.

"Que no digan que gastábamos demasiado. Si hay que hacer ajustes se hacen, pero hay que mantener las líneas básicas de la ley", ha subrayado Jiménez, antes de apuntar que este sector es hoy por hoy uno de los principales nichos de creación de empleo en España.

También ha reclamado un marco normativo estatal en política social, lo que conllevaría una reforma en la Constitución, a fin de que este tema quede garantizado en la Carta Magna a un nivel similar a la educación o la sanidad.

El documento recoge además una serie de propuestas en materia sanitaria, por ejemplo que se fije una cobertura universal como derecho de ciudadanía no sujeto a ningún tipo de seguro, aportación o cualquier otra circunstancia discriminatoria, igual para todos y sin barreras de acceso, con una financiación suficiente mediante impuestos.

Martínez Olmos ha asegurado que, si vuelven a gobernar, los socialistas se comprometen a que la inversión en sanidad pública llegue al 7 por ciento del PIB en dos legislaturas, cuando ahora es del 5,5 por ciento, un punto menos que cuando estaba José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa debido a los recortes y muy por debajo de la media de los países del entorno, ha dicho.

Plantea el PSOE asimismo una cartera común de servicios para toda la ciudadanía, sostiene que eliminará el copago para pensionistas y crónicos y combinará criterios de renta con criterios de necesidad.

Igualmente, revertirán todas las privatizaciones que lleven a cabo los gobiernos autonómicos del PP, ha hecho hincapié Martínez Olmos, quien ha sugerido además un cambio en el modelo retributivo con una parte de incentivos que se sumaría a los salarios fijos actuales.