Los trabajos de la comisión de reconstrucción social y económica del Congreso de los Diputados, que ha estado trabajando durante el último mes y medio para rediseñar la España post-covid, puede desembocar en un acuerdo entre el PSOE y el PP en políticas europeas, según han informado a este diario fuentes parlamentarias. Hasta ahora, la sintonía entre los dos partidos solo se preveía en el grupo que analiza el sistema sanitario. El entendimiento, por contra, entre populares y socialistas ha sido imposible en políticas sociales y económicas, según esas mismas fuentes.

La comisión se dividió en cuatro áreas para profundizar más en el análisis de la situación y hoy los diputados votarán las conclusiones. Los documentos de propuestas que han servido de base han sido los que presentaron el PSOE y Podemos juntos, para que se visualizara la alianza gubernamental, y en las últimas horas los dos partidos del Ejecutivo han añadido las enmiendas que les han hecho los diferentes grupos. Fuentes parlamentarias del PP agradecen en privado la «generalidad» de algunos textos en aras de buscar el acuerdo. Es el caso, sobre todo, del pacto en políticas europeas, especialmente después de varias semanas en las que la Moncloa, se quejan en la sede del PP, les ha querido «arrinconar» junto a los países llamados frugales, tacaños, de Europa. Esos gobiernos quieren endurecer las condiciones para poder disponer del fondo de reconstrucción de 750.000 millones, algo que «es mentira» que el PP desee, aseguran eurodiputados de ese partido.

El texto que estaban hilando anoche socialistas y populares recoge que España «mantiene su compromiso con el cumplimiento de las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con el saneamiento de las cuentas públicas y la reducción del nivel de deuda pública». Una afirmación básica, pero que agrada al PP, porque recuerda el compromiso de los socios europeos de mantener sus finanzas con un déficit público por debajo del 3% del PIB y una deuda pública máxima de referencia del 60%. En España, esas cifras, además, se van a disparar. El Gobierno teme que el déficit se cuadruplique este año, hasta llegar al 10,34%, y la deuda pase del 95,5% del PIB, tras cuatro años de descensos, al 115,5%. Aunque, en estos momentos, el Pacto de Estabilidad está suspendido hasta nuevo aviso para que los gobiernos puedan gastar lo que necesiten para hacer frente a la pandemia.

«CONDICIONES ELEMENTALES» / Los populares han dejado fuera de sus enmiendas cualquier referencia a las condiciones para acceder al fondo de reconstrucción europeo. Fuentes del equipo de Pablo Casado en Bruselas aseguran que algunos dirigentes, entre ellos su líder, han pedido que se apliquen las «condiciones elementales» que se exigen a cualquier ayuda y una «gestión eficaz del dinero», algo, añaden, «bastante normal». También subrayan que votaron junto a los eurodiputados socialistas cuando el Parlamento de Estrasburgo pidió un «plan masivo» para paliar los estragos del coronavirus (17 de abril) y también cuando reclamó un programa de recuperación de dos billones de euros (15 de mayo).

Casado y Dolors Montserrat, que encabeza a los populares españoles en Bruselas, han solicitado públicamente que una de las condiciones que se impusieran a España para acceder al fondo de reconstrucción fuera el compromiso de seguir con cambios económicos estructurales y, en concreto, no derogar la reforma laboral de Mariano Rajoy. El PP no tiene intención de olvidar esta reclamación.

No obstante, para lograr un acuerdo, los conservadores han llevado esta reivindicación sobre la reforma laboral al grupo económico, donde el pacto entre PSOE-Podemos y PP ya se veía casi imposible desde el principio. Para llegar al pacto en la Unión Europea y sanidad los contactos se multiplicaron ayer, con Ana Pastor como negociadora principal, por parte del PP, y Rafael Simancas, por parte del PSOE. Ninguno de los dos quiso dar por cerrado nada y se emplazaron a verse hoy antes de la reunión oficial de los grupos de la comisión (a las 10.30 horas, el primero).

Las enmiendas que el PP registró en el bloque sanitario se centraron en medidas para afrontar un posible rebrote del coronavirus o cualquier otro desastre y plantearon mejoras de las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud. Según fuentes conservadoras, los últimos escollos se debieron a cómo financiar el sistema y el copago.