En el llamado Paredón de España, el terrer de Paterna (Valencia) donde fueron fusiladas 2.238 personas con la guerra civil ya acabada, Pedro Sánchez presentó ayer la propuesta del PSOE para modificar la ley de la memoria histórica que impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque solo la representante de las víctimas ha nombrado al expresidente. Los socialistas plantean «mejorar» la norma, en el décimo aniversario de su aprobación, para poder «garantizar su cumplimiento efectivo», frente a la «actitud», en alusión al Ejecutivo del PP, «de quien la paraliza constantemente».

En el nuevo texto, el PSOE apuesta por que el Estado «asuma sin más dilación la tarea que le es propia», tomando el relevo de las asociaciones partiendo de la localización de las fosas. Propone, desgranó Sánchez, «la creación de una comisión de la verdad», llegar a la «nulidad de pleno derecho de las sentencias del franquismo» y la creación de «un banco de ADN» para poder cotejar los restos, así como «un censo nacional de víctimas». También se impulsaría «la retirada efectiva de la simbología de la dictadura» y se facilitaría el acceso a los archivos. Insiste, además, en defender la exhumación de la tumba de Francisco Franco del Valle de los Caídos y entregar los restos del dictador a su familia.

Sánchez rechazó que esta ley supoga «reabrir heridas», argumento que a menudo ha utilizado el PP.