El Gobierno no consultó al PSOE la decisión de desclasificar algunos informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que, según el Ejecutivo, apuntaban a ETA como autora de la masacre del 11-M. Fuentes de la dirección socialista están convencidos que la decisión adoptada ayer por el Consejo de Ministros es "ilegal", porque excede las atribuciones que la ley marca a un Gobierno en funciones.
El artículo 21 de la ley del Gobierno de 1997 faculta a un Ejecutivo en funciones --como el actual-- a realizar sólo "actos de gestión ordinarios". Los socialistas consultados opinan que la desclasificación de documentos para justificar la versión del Gobierno sobre el atentado no es un acto de gestión, sino "político".
Otras fuentes de la dirección socialista añadieron que los documentos desclasificados no son los únicos con los que contaba el Ejecutivo para decidir si optaba por la tesis de ETA o de Al Qaeda. Y sostienen que había más informes del Servicio de Espionaje que sustentaban la autoría de una banda islámica, y se pregunta por qué no los hace públicos.
SIN CONSULTAR En todo caso, las personas designadas por José Luis Rodríguez Zapatero para coordinar el traspaso de poderes con el Gobierno en funciones, Jesús Caldera y Alfredo Pérez Rubalcaba, señalaron que el Ejecutivo no les había consultado la medida. El ministro del Interior, Angel Acebes, se limitó telefonear a Rubalcaba minutos antes de comparecer ante los periodistas para advertirle de su decisión.
La ley de secretos oficiales establece que la clasificación de secreto de una materia corresponde sólo al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor.
