El PSOE busca en los negocios inmobiliarios que denunció hace nueve meses ante la justicia a los autores del supuesto soborno que el martes pasado dejó la Asamblea de Madrid en manos del PP. Los socialistas están convencidos de que Eduardo Tamayo y María José Sáez, los diputados traidores, fueron comprados por constructores vinculados de alguna forma a esa red de intereses.
El PSOE utilizará la citada denuncia como base para la ofensiva judicial que emprenderá contra Tamayo y Sáez, que se traducirá en una querella o una denuncia ante el fiscal este lunes, según fuentes socialistas. En el escrito presentado en agosto al fiscal jefe del Tribunal Superior de Madrid, los socialistas exponían con todo lujo de detalles cuatro grandes operaciones urbanísticas en la capital y los fuertes intereses económicos que generaban.
PREVARICACION
En concreto, se describían las operaciones de Chamartín, Valdebebas y Las Tablas, y la recalificación urbanística de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Los socialistas argüían que la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, bajo mandato del PP, habían cometido delitos urbanísticos, prevaricación y malversación de caudales públicos al favorecer a un puñado de grandes compañías.
Los socialistas denunciaron una "situación de monopolio y oligopolio, en las que un puñado de empresas controla el mercado del suelo y la construcción, lo que crea prácticas corruptas en las enajenaciones del suelo y en la contratación de las urbanizaciones de los nuevos desarrollos".
El escrito mencionaba a Desarrollo Urbanístico de Chamartín (consorcio del BBVA y Constructora San José), ACS (constructora del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez), Ferrovial y Telefónica. También hacía referencia a otras empresas menos conocidas, como Semorsa, Locales y Oficinas de Negocios o Elorrio SA.
Un dirigente socialista precisó que el soborno de Tamayo y Sáez no tuvo que partir necesariamente de alguna de esas compañías. Más bien, su partido sospecha de contratistas o subcontratistas y de propietarios de terrenos. "Son muchas las empresas con intereses en el negocio, sean grandes o medianas, que estarían dispuestas a cualquier cosa para impedir un Gobierno socialista", señaló.
SIMANCAS, UNA AMENAZA
El PSOE está empeñado en probar que la deserción de sus dos diputados obedeció a una conjura de especuladores inmobiliarios que veían en Rafael Simancas, candidato socialista a la presidencia de Madrid, una amenaza.
Simancas no sólo había anunciado su intención de modificar la ley del suelo aprobada por el presidente saliente de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón (PP). También estaba decidido a asumir de inmediato una sentencia de febrero pasado del Tribunal Superior de Madrid que recorta a la mitad el proyecto urbanístico de Valdebebas aprobado por el PP y que el Gobierno de Gallardón ha recurrido ante el Supremo.
