Los presidentes autonómicos del PP han decidido pasar página de sus viejas querellas con Cataluña y alinearse con el presidente de la Generalitat, José Montilla, en la exigencia de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acelere la mejora del sistema de financiación. Al igual que Montilla, los seis barones populares --con la autorización del presidente del PP, Mariano Rajoy-- pretenden que el nuevo modelo de financiación entre en vigor el próximo año, calendario que el vicepresidente Pedro Solbes juzga demasiado perentorio.

ARCAS EXHAUSTAS Todo empezó a fraguarse hace algunos meses, cuando los gobiernos de las autonomías de régimen común en manos de los conservadores --Madrid, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla y León y La Rioja, junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla-- comunicaron a la cúpula del PP que estaban dispuestos a exigir al Gobierno central una rápida mejora del sistema de financiación, puesto que sus arcas están ya exhaustas.

El PP, reacio a afrontar un debate en el que el Gobierno tiene la sartén por el mango, pidió a sus líderes autonómicos que pospusiesen la discusión hasta después de las elecciones del 27 de mayo. En los comicios y, mal que bien, los presidentes del PP revalidaron la confianza de los electores, incluido el balear Jaume Matas, aunque pendiente del pacto con Unió Mallorquina. Y, ante la insistencia de sus barones, Rajoy dio el visto bueno para que coordinadamente fuercen al Gobierno a negociar el sistema de financiación.

No por azar fue el presidente de unas de las comunidades más endeudadas, el de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, quien auspició la reunión, el pasado martes en Valencia, entre el secretario ejecutivo de Economía del partido, el exministro Miguel Arias Cañete, y los consejeros de Economía de las comunidades del Partido Popular.

MARGEN A pesar del poco interés que Zapatero y Solbes tienen en abrir, a pocos meses de las generales del 2008, un debate que reavive la polémica del Estatuto catalán, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, mantiene que hay margen para abrir ya la negociación. Su ministerio sostiene, además, que un acuerdo unánime sería una baza electoral para Zapatero, pues abriría una brecha entre las soflamas del PP sobre la ruptura de España y el pactismo pragmático de sus barones.