El Govern de Puigdemont planeó para los primeros días de una Cataluña independiente captar de las empresas 4.200 millones de euros en cotizaciones sociales, gastar 499 en un fisco y confiscar al Estado español 19.134 millones en inmuebles. Las cifras se desprenden de recientes informes de la Guardia Civil aportados a la investigación del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona por delitos relacionados con el 1-O. Entre los elementos de prueba, un borrador de constitución catalana con importantes limitaciones de derechos políticos.

Con el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) como pivote, bajo la dirección de la consellera de Trabajo Dolors Bassa y su secretario general Josep Ginesta, y con técnicos expertos en redes informáticas, el Govern diseñó un sistema de captación de cotizaciones sociales por una Cataluña separada de España.

En los planes, intervenidos por la Guardia Civil en los registros del 20 de septiembre del 2017 -Operación Anubis- ordenados por del Juzgado 13, era «clave en la desconexión asumir el sistema de la seguridad social», afirman analistas del instituto armado. Los planes apuntaban la necesidad de contar con la adhesión -o el acatamiento- de al menos 100 empresas principales de Cataluña. Con sus cotizaciones a la Seguridad Social, y las de 233 entidades del sector público, Trabajo preveía reunir una masa crítica de ingresos de 4.200 millones de euros.

Eso, en una primera fase. El objetivo final era gestionar las cotizaciones de 3,2 millones de contribuyentes y las pensiones de un millón de jubilados, y controlar a 690.000 empresas, autónomos incluidos.

Hacienda catalana // Además de la famosa Moleskine de Josep Lluís Salvadó, secretario del Departamento de Economía y Hacienda, la Guardia Civil ha analizado también un pendrive que contenía un documento en el que se cuantificaba del despliegue del fisco de una Cataluña independiente el mismo día 1 de la ruptura.

Eso supondría gastar 499.860.737 de euros, e incrementar la plantilla en 7.000 personas. Todo, aclara la Guardia Civil, sin contar con «el importe necesario para el despliegue de las aduanas o de la agencia de la propiedad inmobiliaria», que sería el catastro catalán.

Eso, sin disponer de los recursos ya empleados, en fase autonómica, en crear un sistema tributario independiente: «Se infiere que se han invertido alrededor de 17 millones en el despliegue de la administración tributaria como paso intermedio para la plena soberanía fiscal del futuro estado catalán», aseguran los investigadores.

La apropiación de otros recursos por parte de un Govern ya separado de España iba a tener una cobertura legal en el más alto nivel normativo de la nueva república. Entre los papeles incautados al exjuez Santiago Vidal en su domicilio aquel 20 de septiembre, un remedo de constitución catalana. El último artículo es una «Disposición confiscadora», así titulada y que dice: «Pasan a la propiedad de la República Catalana los bienes existentes el día de la declaración de independencia, dentro del territorio actual de Cataluña, pertenecientes al Reino de España».

En la república que manejaba el independentismo no todas las ideas podrían ser defendidas. En el boceto de Santiago Vidal figura un artículo que preveía permitir «todo tipo de participación política siempre y cuando su programa electoral no vaya contra la existencia de Cataluña como Estado ni contra esta Constitución».