El comisario de los Mossos d'Esquadra Miguel Quevedo ha desvelado este lunes en el juicio del procés que se celebra en el Tribunal Supremo que los mandos de la policía de la Generalitat pidieron dos veces y en pocos días de diferencia al entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que desconvocara el 1-O ante el "clima de tensión" que vivía Cataluña y ante la posibilidad de "problemas de seguridad", incluso de "enfrentamiento" entre grupos soberanistas y otros contrarios al referéndum. Las reuniones se realizaron los día 26 y 28 de septiembre del 2017, días antes de la consulta soberanista. El testigo, al igual que hizo la semana pasada su compañero Manel Castellví, ha sostenido que exmandatario les comunicó que la votación tiraría adelante porque tenían un mandato de la ciudadana "avalado por los resultados electorales". Les dijo: “Eentendemos que ustedes hagan lo que tenga que hacer, pero no habrá cambios en nuestros planes políticos”.
En la primera reunión, del 26 de septiembre, participó Puigdemont y el entonces conseller de Interior, Joaquin Forn. El major de los Mossos, Josep Lluis Trapero, explicó a Quevedo, según su versión, que en ese encuentro intentaron "disuadir" al Gobierno catalán para que no se celebrara el 1-O, pero que no tuvieron éxito. Días después, el 28 de septiembre, y por petición de Trapero, se produjo una nueva reunión en el Palau de la Generalitat con Puigdemont, Forn y el que era vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. En ella participaron más comisarios de la policía de la Generalitat, entre ellos Quevedo y Castellví, para mostrar que la preocupación eran de toda la cúpula policial. "Son reuniones sin precedentes", ha afirmado.
Los jefes de los Mossos mostraron ese día al Ejecutivo catalán su "preocupación por el clima de tensión" y la situación de "seguridad del país", a la vez que recordaron que ellos cumplirían con la orden judicial de impedir y cerrar colegios electorales. "Forn, no habló y Junqueras creía que no habría resistencia de la gente cuando los agentes intervinieran, mientras la gente Puigdemont dijo que tenía un mandato que cumplir y que lo llevarían adelante", ha señalado. A su entender era "incompatible" que los Mossos actuaran como policía judicial para impedir el referéndum y mantener la convocatoria del 1-O.
El comisario Quevedo ha reconocido que tanto ellos como la Policía Nacional como la Guardia Civil no pudieron cumplimentar "totalmente" la orden de la jueza del TSJC de impedir el referéndum y cerrar los centros de votación. "Los Mossos desafortunadamente solo se pudieron cerrar 24 colegios electorales a primera hora del 1-0, aunque después de procedieron a clausurar algunos más", ha sostenido. En número de centros de votación era de más de 2.300 repartidos en toda Cataluña. "En muchos centros habían persona que tenían la intención de impedir el cumplimiento de la orden judicial", ha declarado. En los informes previos se preveía una "resistencia pacífica".
El mando de la policía autonómica ha insistido que el día 1-0 trabajaron exclusivamente al referéndum 7.800 efectivos, cuando en una jornada electoral normal se destinan de 2.300 a 2.400 agentes. Y ha concretado que en el caso de que se hubiera llevado a cabo una anterior instrucción del fiscal superior de Cataluña, que preveía el precintado de los centros antes de la consulta soberanista, se hubieran necesitado de 30.000 a 40.000 policías. Ha detallado que en la jornada de la consulta soberanista se activaron grupos policiales que habitualmente no actúan en estas situaciones, como asuntos internos y personal no uniformado. "Se tuvieron que alquilar vehículos", ha incidido. "Dentro de la envergadura del operativo, era que el que podía tener mayor eficacia", ha alegado, aunque, después ha admitido que "había la posibilidad" de que la planificación para ese día "no funcionara".
Matización de la violencia
El comisario Manel Castellví ha matizado su declaración de la semana pasada, en la que aseguró que alertaron al entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que el 1-0 uno de los escenarios que preveían era de una "escalada de violencia" y que los mandos del cuerpo policial solicitaron la desconvocatoria del referéndum. En la jornada de este lunes del juicio del procés, que se está celebrando en el Tribunal Supremo contra dirigentes independentistas, ha aclarado que en otras subcomisiones de coordinación policial se fijó que durante la consulta esperaban resistencia pasiva y "no actos de violencia", a la vez que ha agregado que los grupos soberanistas radicales no se llegaron a constituir y no actuaron, con lo que sus previsiones, a su entender, "fallaron".
El testigo ha precisado, a preguntas de los abogados defensores, que en la reunión que mantuvo la jefatura de la policía de la Generalitat el 28 de septiembre del 2017, tres días antes del 1-O, con Puigdemont, Oriol Junqueras y el que fuera conseller de Interior, Joaquin Forn,. los mandos policiales sostuvieron que cumplirían con el auto de la juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de impedir el referéndum unilateral. Ha recalcado que ninguno de los miembros del Gobierno catalán les expresó oposición alguna a sus pretensiones.
Castellví también ha asegurado que los actos lúdicos que se celebraron en los centros de votación durante la consulta soberanista no estaban organizados, ni financiados, por la Generalitat y que estos actos eran "autónomos". En esta situación, a su entender, no se podía cerrar estos denominados colegios electorales.
